El polémico anuncio del Gobierno central en marzo de cerrar un buen número de chiringuitos aplicando la Ley de Costas causó un gran revuelo en Málaga, donde hay más de 300 instalaciones de este tipo de las que viven miles de personas. Finalmente, el Gobierno decidió transferir las competencias a la Junta de Andalucía y ahora se está analizando de forma exhaustiva el sector para ver cuántos recintos permanecerán en su sitio y cuántos se reubicarán. No hay datos concretos, pero la mayoría se quedará sobre la arena en su lugar habitual.