NOS preguntábamos hace meses cómo se las iba a apañar Solbes para cuadrar las cuentas de la financiación autonómica, el famoso sudoku, sobre todo después de que a las autonomías reclamantes, y también a las recelosas, se les prometiese que habría más dinero sobre la mesa para todas, que ninguna saldría perdiendo y que sólo se trataba de discutir cómo iba a repartirse la tarta.

Ese debate ahora, con la que está cayendo, hasta enternece por su poquedad. La financiación de las regiones es una minucia ante el panorama que la crisis imprudentemente ignorada ha terminado pintando. Hacen falta, por ejemplo, tres mil millones de euros, según reconoció el mismo Solbes ayer, para cubrir el desempleo de las criaturas que se están quedando en el paro, que son muchas, y de las que se van a quedar el año que viene, que son todavía más.

Nadie discutirá que pueda verse en peligro la cobertura a los parados. Lo que se discute es si podemos permitirnos como país la espiral de compromisos que el Gobierno va adquiriendo un día sí y otro también. Zapatero y el PSOE están empeñados en demostrar que la izquierda y la derecha no aplican las mismas recetas para la crisis y que, por supuesto, la izquierda no olvida a los desfavorecidos ni renuncia al gasto social. Mientras se desempolvan astutamente asuntos de fuerte contenido ideológico que no fueron planteados a los ciudadanos cuando se les pidió el voto (aborto a plazos, suicidio asistido), se vende la idea de que la crisis no mermará las partidas previstas para aplicar la Ley de Dependencia, ni para las infraestructuras productivas, ni para las becas ni para la investigación.

Tampoco se va a atemperar el aumento de las pensiones más bajas. Al contrario, Zapatero anunció en el mitin minero de Rodiezmo que abre el curso político para los socialistas -equivalente al de Quintanilla de Onésimo de cuando Aznar- que las va a subir por encima de la media, recortando una vez más el margen de maniobra de Solbes, margen que viene achicándose sin cesar desde que ZP se inventó lo de los 400 euros. El vicepresidente ha explicado solemnemente que el salario mínimo interprofesional no podrá aumentar lo que se prometió por sus efectos inflacionistas, que repercuten fuertemente gracias a muchos convenios colectivos. Me pregunto cuánto tardará Zapatero en contradecirle y darle la razón a los sindicatos, que ya han protestado.

Cuando el anterior ministro de Trabajo, el ahora aparcado Jesús Caldera, anunció un salario mínimo de 800 euros, Solbes replicó: "Son cifras que suenan muy bien, pero luego hay que hacer números". Otra vez le toca a él hacer números. Que se desengañe: con tantas promesas, no salen.

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