EL asesinato de dos agentes de la Guardia Civil y de su traductor en la ciudad afgana de Qala-i-Naw ha mostrado que las labores de afganización pueden ser tan complicadas como las operaciones de combate. El capitán José María Galera y el alférez Abraham Leoncio Bravo son los primeros españoles muertos en Afganistán que no pertenecen al Ejército. Sus trabajos en la provincia de Badghis se limitaban a adiestrar al personal local para que, posteriormente, formasen parte de las fuerzas de orden del país. Hasta que Afganistán no se dote de un Ejército y de una Policía eficaces, la salida de las tropas de Estados Unidos y de los países de la OTAN, entre los que se encuentra España, será harto difícil.

Ésa es la hoja de ruta que los países de la coalición se han marcado, una muy similar a la de Iraq: estabilización, fin del conflicto bélico y retirada a medida que las fuerzas locales puedan ocupar los espacios de los ejércitos extranjeros. Sin embargo, y como se demostró ayer, los talibanes no son una fuerza residual, sino que ocupan amplias regiones del país, donde son capaces de imponer sus leyes y de implantar, incluso, una administración al margen del Gobierno de Kabul. Recientemente, su presidente, Hamid Karzai, y algunos jefes militares estadounidenses han puesto en duda los planes de Obama, que pasan por comenzar a retirar las tropas en junio del próximo año.

Es posible que la presencia militar se tenga que prolongar más allá de esa fecha en las provincias más conflictivas e, incluso en el mejor de los casos, aún será necesario que instructores de otros países, como los dos agentes asesinado ayer, deban seguir desplegados en ciudades afganas. El debate, por tanto, no se centra en la pregunta de qué hace España en Afganistán: colabora, con el resto de países de la comunidad internacional, a estabilizar ese Estado para que no vuelva a caer en mano de un régimen que apoya claramente a los terroristas. En esta ocasión, sólo cabe subrayar el papel de la Guardia Civil en éste y otros conflictos internacionales, pero a la vez hay que apremiar al Gobierno a mejorar sus condiciones de seguridad.