La declaración de José Antonio Nieto ha sido como el parteaguas del juicio a los dirigentes del procés. El informe caritas de los abogados defensores lo demuestra, una mala semana para los acusados del Tribunal Supremo. La Fiscalía cuenta con bastantes argumentos para solicitar penas por rebelión, porque allí donde el diputado Rufián fue a merendar, Montserrat del Toro, la secretaria judicial que estuvo el 20 de septiembre en el registro de la Consejería de Economía, pasó "ansiedad, estrés y miedo".

Después de la testifical de José Antonio Nieto, llegaron la del coronel Diego de los Cobos y la de los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña durante aquellas semanas, Sebastián Trapote y Ángel Gonzalo, que coincidieron en que los Mossos escurrieron el bulto y que los agentes fueron recibidos de modo hostil, y en ocasiones violento, por algunos de los concentrados en los colegios el día del referéndum. Al mayor Trapero, que será juzgado en la Audiencia Nacional, le espera un negro futuro.

La enorme diferencia entre Nieto y Zoido, cuya declaración fue bochornosa, es que el secretario de Estado sí estuvo allí, en Barcelona. Dio las órdenes y asumió el coste de éstas, por eso ha sido felicitado por unas fuerzas que se sintieron huérfanas tras oír a Rajoy y a quien fuese su ministro. Del él poco se supo el 1 de octubre, pero el lunes, el día después, estaba en Sevilla colocando medallas, que es a lo que un responsable de Interior no se debe dedicar cuando la Policía y la Guardia Civil estén siendo cuestionadas en todos los informativos internacionales.

El uso de la violencia durante el conflicto se redujo a unos cuantos casos, pero lo esencial es que la amenaza de emplear la fuerza en la calle siempre estuvo allí. Los altercados violentos de la Consejería sirvieron para amedrentar al Gobierno de la nación con lo que estaba por venir si no se atendía a las reclamaciones sobre el referéndum de independencia. Los acosos junto a los hoteles donde durmieron guardias y policías y el recibimiento hostil que se les daba en las misiones judiciales anunciaban eso, una revuelta popular grave que temían tanto los cuerpos nacionales como los propios Mossos, como también ha asegurado el jefe de la comisaría general de esta Policía autonómica.

Los magistrados son los encargados de dictar las penas y los delitos, pero esto se parece cada día más a, al menos, un intento, un amago frustrado, de rebelión.