RAJOY ha entregado por fin a su Moisés (el diario El Mundo) las tablas de la ley, dos decálogos en los que resume el programa económico, social e ideológico que aplicará si llega a La Moncloa. Cada una de las intenciones ahora desveladas merece (y los tendrá) una gavilla de artículos. Como era de prever, las hay sensatas, radicales, irrealizables y puramente efectistas. Como todo. El decálogo económico contiene, por ejemplo, el propósito de "privatizar o cerrar" 4.000 empresas y entes públicos. Eso de cerrar y privatizar empresas a mocho parece una tarea insignificante. La redondez del número elegido (que quiere decir 3.800, pero también 4.200) da idea de la aparente facilidad de la encomienda. ¡Tachar números no duele! Sin embargo, si se examinan una a una, con sus trabajadores y directivos, su complejo proceso administrativo, con las previsibles protestas, cada una se convierte en un Sinaí que, multiplicado por 4.000, da un resultando tan abrumador que corta el resuello. Si los sindicatos de funcionarios andaluces han armado la marimorena por la intención de la Junta de unificar un puñado de empresas públicas, ¿qué tendrán que hacer cuando dichas empresas se vayan directamente al carajo o pasen a manos de algún ávido gestor particular? ¿Y qué decir del propósito de privatizar también las televisiones públicas autonómicas, con sus plantillas infladísimas y sus gastos desorbitados? ¿A qué extremos habrá que adelgazar las televisiones para encontrar comprador? ¿Y qué hacemos con los cesantes? Lo que nos vamos a divertir.

Frente a ciertas propuestas razonables, como la reducción del IVA a la mitad para el sector turístico, en otras proposiciones saltan las chispas de la demagogia. Bueno, más que de la demagogia son reflejo de la escasa claridad de ideas (o de las dudas) que las inspiran. Rajoy quiere aligerar las administraciones autonómicas, pero el ejemplo elegido es inoportuno. "No hace ninguna falta que haya 17 defensores del pueblo en España", ha dicho con énfasis el pretendiente. Hacer recaer la carestía de los gobiernos autonómicos sobre la única institución verdaderamente popular a la que recurren los ciudadanos para protegerse de la incuria y los abusos de las administraciones es un disparate sin paliativos que evidencia no sólo el desconocimiento del papel catalizador e importantísimo de los defensores, sino que demuestra el carácter azaroso y poco meditado de la propuesta. Antes de colocar al elefante enfrente de la cacharrería, sería más coherente empezar el derribo por la administración local: cerrando las televisiones locales, que cuestan una fortuna y sólo sirven para incensar a los alcaldes, y mandando a su casa a los defensores municipales del ciudadano ¿no?