LA Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la decisión del TS de Justicia de la Comunidad Valenciana de archivar el proceso penal contra el presidente valenciano, Francisco Camps, por los trajes y otros regalos recibidos de las empresas de Francisco Correa y El Bigotes (caso Gürtel).

Ya escribí que el caso ha centuplicado su trascendencia política al pasar de la investigación sobre los trajes (de Camps) a la investigación sobre la trama (de presunta financiación ilegal del PP), pero la argumentación del fiscal sobre aquel primer asunto indumentario merece ser comentada.

El tribunal valenciano había archivado el caso, en efecto, porque no encontró pruebas de que el presidente Camps hubiese tomado desde el poder ninguna decisión favorable a El Bigotes a cambio de los trajes que éste le pagaba. La Fiscalía viene a decir que para que exista cohecho no hace falta una actuación concreta de la autoridad en beneficio del sobornador, sino que basta con que la autoridad reciba dádivas en consideración a su función (es decir, por ser autoridad).

Interesante doctrina, por lo que tiene de realista. Aquellos que se acercan a la Administración como conseguidores, engrasadores, intermediarios y traficantes de influencias no son tan ingenuos como para llegar a un despacho oficial y entregarle a bote pronto un sobre a la autoridad que lo ocupa para que firme una contrata o conceda una subvención. La experiencia les ha dado sutileza y saber estar. Se van ganando a los cargos públicos poco a poco, primero con una comida o una montería, después con un obsequio esporádico que luego se hace periódico, más tarde la dádiva aumenta su valor, y siempre todo va acompañado de un veneno ante el que los seres humanos acostumbramos a estar inermes: el halago.

Se logran establecer de este modo unas relaciones de tal empatía y complicidad que a la hora de la verdad, cuando la trama necesita en efecto del favor del poderoso, sólo tiene que insinuárselo para conseguir su objetivo. Sobre todo, si lo que se le pide al amigo de conveniencia no es algo ilegal, sino simplemente una llamada al subordinado, un toque al alto funcionario, una palabra que abre puertas y acelera expedientes. "Se trata de poner en nómina a la autoridad o funcionario, colocándole en una situación de absoluto agradecimiento", dice el fiscal. Esto del incesto entre el poder político y el poder del dinero es tan viejo como el mundo.

No digo yo, ni tengo autoridad alguna para ello, que este sea el mecanismo que ha funcionado el flanco valenciano del caso Gürtel. Sólo que la versión de la Fiscalía sobre el entramado de la Comunidad Valenciana es más verosímil que la versión del Tribunal Superior de Justicia de allí que acordó archivar el caso fijándose únicamente en los trajes. Los trajes no son más que el síntoma.