PARA comprender el inmenso valor de la unidad y la firmeza democráticas contra el terrorismo hagamos un somero ejercicio de política ficción retroactiva: imaginemos un alto el fuego de ETA como el anunciado anteayer, pero hace unos cuantos años, cuando ni había unidad de los partidos políticos ni una política antiterrorista firme y aceptada por todos.

El partido mayoritario en el País Vasco, el PNV, vería con agrado la nueva postura de la banda, reflejo de una voluntad constructiva, y emplazaría al Gobierno de España a mover ficha, abandonando su inmovilismo y cerrazón. Arzalluz exigiría la derogación inmediata de la ley de partidos políticos y la legalización de Batasuna para que la izquierda abertzale no quede marginada y el Parlamento de Vitoria recoja el pluralismo real de la sociedad vasca. La cúpula peneuvista difícilmente resistiría la tentación de resucitar el espíritu de Lizarra y volver a editar el frente nacionalista que, con su mayoría parlamentaria, impulsaría un nuevo plan soberanista que acabaría imponiéndose a Madrid y terminando con "el conflicto".

Los grandes partidos nacionales, por su parte, volverían a la gresca. El Gobierno socialista proclamaría que ETA ha dado un paso hacia la paz porque esta vez el alto el fuego es "permanente, general y verificable", no como antes, motivo por el cual estaría dispuesto a reiniciar el diálogo discreto con la banda y "tomar el pulso" a los batasunos, a los que habría que ayudar a desembarazarse de la tutela etarra permitiéndoles que concurran a las elecciones municipales mediante listas blancas y con estatutos, copiados de los del PSOE, que rechazarían la violencia. Zapatero, en su ansia infinita de paz, no escatimaría en gestos y guiños a los abertzales. Eguiguren jugaría un papel decisivo.

El Partido Popular juzgaría la tregua como la prueba evidente de que ya ha habido negociaciones entre el Gobierno y ETA para preparar la pista de aterrizaje de Batasuna en la vida democrática. A cambio del alto el fuego, ETA habría obtenido el compromiso gubernamental de levantar el pie de la represión contra los gudaris, dejar de estigmatizar la autodeterminación de Euskal Herria y pactar un calendario para la excarcelación de los presos. Los traslados de etarras que viene ordenando Rubalcaba confirmarían la solidez de esta denuncia. Esto es, según el PP, la traición de Zapatero a las víctimas del terrorismo. Rajoy se levantaría del sofá para confesar: "Jaime [Mayor Oreja] tenía razón. El Gobierno no busca la derrota del terrorismo".

De todos estos desencuentros, partidismos y turbulencias nos hemos librado, y de muchos más: la división de las víctimas, el desconcierto de la sociedad, el miedo al terror interminable y la incertidumbre sobre cómo acabará el terrorismo en España. Ahora lo sabemos.