Se va Manuel Castells con más pena que gloria. La universidad no se queda ni más triste ni más sola que antes de su llegada. De la teoría a la práctica hay mucho trecho. Nada ha resuelto el sociólogo que opinaba que aunque la labor investigadora es esencial como productora de conocimiento, lo que justifica la existencia de la universidad desde su origen es la formación de estudiantes. Tampoco el catedrático ha canalizado su idea de que rectores y decanos deben exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones académicas y no ser agentes corporativos del profesorado.

Aterrizó diciendo que la cartera estaba vacía porque no debía separarse de Ciencia. Siempre ha preconizado que universidad, investigación y empresa deben formar un círculo virtuoso. Eso no se inventa en un ministerio. En España falla porque las empresas investigan menos que en los países de nuestro entorno. Dos tercios de la I+D europea es privada, el promedio nacional casi llega a la mitad y en Andalucía no pasa de un tercio. El consejero regional de Economía sí tiene ciencia y universidades, lo que no le ahorra dolores de cabeza.

Rogelio Velasco y el rector de la hispalense, Miguel Ángel Castro, han tenido en las últimas semanas una agria polémica. Viene de lejos; el año pasado Castro ya afeó a Velasco que haya dinero para [El show de] Bertín, pero no para la educación superior. El rector demandaba para el año que viene un aumento de 118 millones para las universidades públicas y el consejero le contestaba que de dónde lo sacaba. Al rector habría que recordarle que siete universidades públicas andaluzas -todas menos Málaga y Olavide- aplicaron desde 2002 un plan de prejubilaciones para docentes y administrativos con treinta años de ejercicio y más de 60 de edad.

Se hizo para rejuvenecer las plantillas y contratar nuevos profesores, pero esta parte del plan no se completó por la crisis. Hubo unos 850 beneficiarios hasta que en 2012 la Cámara de Cuentas consideró la práctica irregular. En algún momento el coste se acercó a millón de euros al mes; el montante total debe haber sobrepasado los 118 millones reclamados ahora. Y el consejero de un Gobierno que presume de bajar impuestos no debería responder que no tiene de dónde sacar el dinero.

Castells también es un ejemplo para medir la distancia entre un pensador y un dirigente político. Los aficionados en política no suelen dar buen resultado. Lo explicó muy bien Ignatieff en Fuego y cenizas. Mariano Rajoy defiende en su Política para adultos que ésta no es ocupación para populistas adolescentes, pero quizá tampoco para gente con los 80 que cumple en febrero Castells. Para desmentir el aserto, ahí está Biden, que hizo los 79 hace un mes. Aunque quizá él también se acabe yendo con más pena que gloria.