LA Universidad no puede ser siempre la moneda de cambio de intereses políticos y económicos. Es la institución que tiene encomendada la formación y profesionalización de los futuros médicos, abogados, economistas, periodistas o ingenieros, y con eso no se juega. Las reformas no pueden hacerse al antojo del que gobierna. No es serio. Provenga del partido que sea. Mientras los gobernantes que pasen por Moncloa no entiendan que la educación es probablemente el mayor baluarte del presente y futuro de un país y que no se puede hacer y deshacer sin consenso, no habrá nada que hacer para evitar la debacle de la Universidad. La comunidad universitaria vuelve a estar en pie de guerra por la última reforma aprobada por el Gobierno central y que autoriza a las universidades que lo quieran a reducir la duración de los grados de cuatro a tres años y a ampliar la duración de los masteres de uno a dos años. Sin entrar en si es o no adecuada esta reforma, lo que no es tolerable es que se haga sin haber sentado a todas las partes implicadas y haber acordado la mejor opción, sea la que sea, y no forzar a que al final todo acabe en movilizaciones organizadas contra ella abriendo un nuevo cisma entre detractores y defensores sobre un tema en el que todos nos jugamos mucho. Es una cuestión de responsabilidad evitar que el futuro de la Universidad vaya a la deriva y un cambio en el modelo de financiación, como se plantea, no haría más que empeorar la situación. Y eso ocurre porque la educación es considerada un gasto y una inversión. A esto, se suma otra seria amenaza para el futuro de la institución y, por ende, para el de todo el país. La falta de financiación para dotar de recursos a los proyectos de investigación y poner freno a la marcha en masa de los investigadores españoles que acogen con los brazos abiertos en cualquier otro país. Aquí se forman, aquí se invierte un dinero para que adquieran experiencia y hagan méritos, y cuando están mejor preparados para que todo eso redunde en beneficio de la sociedad no tienen más remedio que irse. Eso no tiene ningún sentido ni puede seguir consintiéndose. Sin investigación, la Universidad pierde parte de su razón de ser y nos sitúa a la cola de los países de nuestro entorno. No vale la excusa de la crisis para aplicar recortes en algo tan fundamental como la investigación. Es a todas luces una medida cortoplacista que lo único que consigue es hipotecar nuestro futuro como país exportador de conocimiento. Si dejamos que se marchen los investigadores, estamos permitiendo que se marchen nuestras esperanzas.