La monarquía se legitimó en España de la mano de la democracia. Fue uno de los momentos claves de la transición, cuando los partidos históricamente republicanos, fundamentalmente los de izquierda, aceptaron la monarquía constitucional como elemento del futuro estado democrático. Se trataba de construir un nuevo sistema político que rescatara al país de la opresión de la dictadura y, para ello, se apostó de forma prioritaria por la conquista e implantación de las libertades democráticas, más que por reverdecer la discusión sobre el carácter monárquico o republicano de la Jefatura del Estado. A partir de ahí, los unos y los otros, por lealtad constitucional, aceptaron, acataron e incluso defendieron al rey Juan Carlos I como la representación máxima del nuevo Estado. La apuesta definitiva del Rey por el sistema democrático y su actitud ante intentos de desestabilización ayudaron a normalizar las relaciones entre la Corona y todos los partidos políticos.

Hasta tal punto se aceptó el sistema monárquico, que poco a poco se fue construyendo una especie de burbuja intocable en torno a las personas de la familia real que cualquier crítica a sus actuaciones contaban con un rechazo casi generalizado y con un silencio absoluto de todos los medios de comunicación. Esa protección, ese excesivo respeto reverencial a la monarquía y sus miembros fue el virus que contagió la realidad política española y nos llevó a ver como la persona que prestigió la institución monárquica y gozó de la permanente dispensa de la opinión pública ha sido la que más ha contribuido a su deterioro. La adhesión ciega, sin sometimiento a crítica, es el virus que al final acarrea el desprestigio de cualquier institución democrática.

Ahora la situación es compleja y va a ser difícil que la Corona recobre el reconocimiento que en su día tuvo entre gran parte de la población española. Y ya no vale volver al antiguo método de mirar para otro lado. Felipe VI tiene una papeleta difícil porque aunque su decisión de renunciar a la herencia puede considerarse la única posible, también, y ese es el problema, parece insuficiente y contradictoria. Renunciar a la herencia en una monarquía es atacar el elemento esencial de su supervivencia. Ahora no es el momento social, político ni económico para cuestionar la monarquía, pero mucha humildad, sencillez, proximidad, austeridad, transparencia y rigor tendrá que demostrar el actual monarca para que la institución que preside vuelva a ser respetada.