Crispación política para un juicio decisivo

El juicio que hoy se inicia en el Supremo sólo refleja el normal funcionamiento de una democracia que opera bajo el imperio de la ley

El juicio que comienza hoy en el Tribunal Supremo contra la cúpula del intento de golpe secesionista en Cataluña que no huyó al extranjero hay que interpretarlo como reflejo del normal funcionamiento de una democracia que opera bajo el imperio de la ley. Todo lo demás son intentos de condicionar la actuación de los magistrados que deben juzgar los hechos de septiembre y octubre de 2017 y de mezclar con esos presuntos delitos consideraciones de otro orden, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o la propia duración de la legislatura. Si los Presupuestos fracasan en el Congreso, como parece lo más probable, y Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones será porque la alianza que forjó para sacar a Rajoy del poder era una bomba de relojería que antes o después tenía que estallarle. El juicio del Supremo, del que Europa va a estar pendiente, va a empezar en un clima de crispación política sin precedentes, un par de días después de la manifestación protagonizada por las tres fuerzas de derecha y centroderecha que se aliaron en Andalucía para echar del poder al PSOE y con el Gobierno de Sánchez en la mayor situación de debilidad de los últimos meses.

No es el mejor escenario, sobre todo si se tiene en cuenta que a partir de hoy se intensificará aún más la presión nacionalista. Los españoles, tal y como reflejaba el sondeo de Metroscopia que ayer publicó este periódico, ven a Cataluña partida en dos mitades, algo que la política de concesiones de Pedro Sánchez a los partidos separatistas y a la propia Generalitat no ha mitigado, sino que ha exacerbado. El mismo barómetro de opinión arrojaba el dato de que ocho de cada diez españoles consideran que los líderes del proceso independentista violaron la ley e incluso en la propia Cataluña son la mitad de los encuestados los que consideran que sí se cometió un delito contra el orden constitucional. Es decir, existe en España un clima de opinión que mantiene que hubo un intento de violentar la Constitución para conseguir, al margen de cualquier mecanismo legal, que una parte del territorio español se separase. Ahora le toca al Tribunal Supremo decidir si se cometió un delito de rebelión o si la calificación penal debe ser otra, sin otros condicionantes que los que dictan nuestras leyes. Lo que hay que esperar es que la vista pueda desarrollarse con normalidad y que, en el plazo más breve posible, se dicte una sentencia que ponga a los que han cometido delitos, si así se demuestra, en su sitio y al Estado de derecho en el suyo.

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