El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, volvió a dejar claro esta semana que a partir del 31 de diciembre de 2019 se suprimirá el peaje de la AP-4, la autopista que une a Sevilla con Cádiz. El final de la explotación por manos privadas de este importantísimo eje de comunicación, que vertebra el Bajo Guadalquivir, es desde hace mucho tiempo una de las principales reivindicaciones de Andalucía en materia de infraestructuras viarias, por lo que la reiteración en el Parlamento del Gobierno del final del peaje es un motivo de satisfacción y alivio. No en vano, el mantenimiento de este pago era una notoria injusticia que obligaba a los ciudadanos y empresas a pagar por usar una autopista cuya alternativa, la N-IV, está claramente anticuada (la mayor parte del trazado es de un solo carril por dirección) y, según se desprende de las estadísticas de accidentes de Tráfico, es notoriamente peligrosa. A esto se une el que la AP-4 es posiblemente la autopista más amortizada de Europa, ya que ha soportado un intenso tráfico desde que fuese inaugurada parcialmente en 1971. Por tanto, la recuperación de la gestión de dicha vía por el Estado no tiene ningún cariz confiscatorio, ya que la empresa concesionaria (actualmente Aumar) ha realizado un pingüe negocio con su explotación.

Dentro de 13 meses se pondrá fin, como decíamos, a una injusticia que ha supuesto que Cádiz fuese la única capital de provincia española sin comunicar por una autovía gratuita con alguna de sus tres provincias vecinas. Tener que pagar un peaje para trasladarse con rapidez y seguridad a la capital administrativa de Andalucía y ciudad más poblada de la comunidad autónoma es una auténtica desventaja que resta competitividad y no ayuda, precisamente, a las empresas ubicadas en la Bahía, una de las zonas con más paro de Europa. El fin del peaje no es sólo el fin de una injusticia, sino también el comienzo de una oportunidad.