El Gobierno de Marruecos ha vuelto a elevar la tensión con España después de la relativa calma que sucedió a la crisis del Tarajal. La embajadora del país vecino en España, Karina Benyaich, realizó una declaración desde Rabat en la que criticó algunas intervenciones de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya; centró el problema entre ambos Estados en el Sahara Occidental y en la acogida del líder del Polisario, Brahim Gali, y finalizó con una advertencia que suena a la pasada: toma nota y actuará en consecuencia. A la vez que Benyaich realizaba esta extraña intervención -formalmente, aún es la embajadora-, el primer ministro de Marruecos se reunía con los secretarios generales de los partidos para analizar la crisis y, en especial, para cerrar filas en torno a su monarca, al que consideran el símbolo de la integridad del país. La reunión se debe también a que Marruecos no ha salido bien parado de la crisis del Tarajal a nivel internacional. La Unión Europea reaccionó con contundencia dialéctica ante el ataque a lo que es una de sus fronteras mediante la utilización vil de menores. Lo que Marruecos pretende ahora es que Brahim Gali no sea devuelto a esos territorios y que sea procesado por la Audiencia Nacional por la denuncia presentada por torturas y genocidio. Lo que es de temer es que esta segunda respuesta de Marruecos traiga la ruptura de la colaboración en materia antiterrorista. Consideramos que el Gobierno español debe mantener el refuerzo policial y militar que tiene desplegado en Ceuta y Melilla, pero a la vez tiene que proseguir con las acciones diplomáticas porque la colaboración con Marruecos es imprescindible para asuntos muy delicados que están relacionados con la seguridad de la nación. No se trata de transigir, sino de aceptar cuál es el complicado equilibrio al que estamos obligados con un aliado que presta, y al que prestamos, colaboración y que a su vez tiene unas aspiraciones que no se deben obviar. Estamos a tiempo, pero debemos ser conscientes de que la crisis se puede reavivar.