El Gobierno ha rectificado. Finalmente, contratará un despacho de abogados en Bélgica para asumir la defensa del juez Pablo Llarena en una causa interpuesta por Carles Puigdemont. El Consejo de Ministros no tenía claro si esta demanda se presentaba contra el juez en particular, por unas declaraciones realizadas en público, o contra la jurisdicción nacional. Una duda que revela cierta bisoñez. El escrito de demanda de Puigdemont lleva una fuerte carga política, porque acusa a España de ser "un Estado delincuente como Kazajistán", donde no se respeta el Estado de Derecho y se persigue a los dirigentes de las "minorías". No cabía duda de que el dedo de Puigdemont señalaba a Llarena para señalar a España porque Puigdemont ha convertido su vida en una causa internacional contra nuestro país. Por eso resultan gratuitas las dudas que el Gobierno pudiera albergar. El presidente Pedro Sánchez debe asumir que su política de apaciguamiento no va a causar eco ni en Puigdemont ni en Quim Torra, que de momento siguen siendo los líderes de los independentistas catalanes. La demanda de Puigdemont, que obliga al juez del Supremo a declarar el 4 de septiembre en Bruselas, se sustenta en unas declaraciones públicas que realizó Llarena en Oviedo el pasado 22 de febrero, y por las que defendió que en España no hay presos políticos. Poco más. Puigdemont lo acusa de no respetar el principio de inocencia. Se trata de una nueva burda maniobra del huido, pero subrayemos que, hasta ahora, su estrategia le ha funcionado tanto en Bélgica como en Alemania. Es un esperpento que sea un juez del Supremo quien tenga que dar explicaciones ante los tribunales belgas por una causa que tiene lugar en España y que ha sido presentada por una persona huida de la Justicia. En Bélgica se va a juzgar a España por segunda vez. Eso es lo que está sucediendo, de modo paradójico, en un Estado miembro, socio de nuestro país en la Unión Europea. El Gobierno de Sánchez debe asumir la defensa de un juez del Supremo porque el caso es inseparable de la causa del propio país. Creer lo contrario es casi una negligencia. Pero, además, Sánchez debe comenzar a pensar que la situación catalana apenas ha cambiado, permanecen las mismas afrentas y las mismas estrategias, como prueba la apertura de las llamadas embajadas catalanes, que no son sino órganos de propaganda y de relaciones públicas en el extranjero a favor del procés. Volvemos a preguntarnos si no hay una comunidad que está actuando en contra de los intereses generales del país, que es el argumento utilizado en el artículo 155 de la Constitución para proceder a la intervención de la Generalitat.