Andalucía celebra hoy su día en unos momentos en los que se están produciendo dos debates importantes respecto al Estado autonómico y a su financiación. Del primero dependerá, si finalmente se aborda de una manera sincera y profunda, el futuro de España en las próximas décadas. Viene éste propiciado, fundamentalmente, por la crisis catalana y la conciencia de casi todos de que hay que realizar cambios en la arquitectura territorial de España. La gran diferencia de criterio está entre los que creen que sólo hacen falta unos retoques para mejorar un sistema que, en líneas generales, ha demostrado que es un marco estable de convivencia entre los territorios españoles y que debe seguir vigente; y los que estiman que hace falta un giro radical en el modelo que nos lleve a un escenario claramente federal en el que territorios como Cataluña o el País Vasco estén claramente diferenciados. Evidentemente, este debate va estrechamente unido al de la reforma Constitucional, que se está produciendo en una comisión del Congreso de los Diputados, pero que tardará mucho en concretarse debido a las profundas diferencias entre los partidos.

El segundo, el de la financiación autonómica, es un debate más coyuntural e inmediato, pero también sumamente importante, ya que al fin y al cabo en éste se dilucidará el criterio del reparto del dinero entre las autonomías durante los próximos años y, por tanto, la igualdad o la desigualdad real entre las mismas. En ambos debates, el estructural y el coyuntural, Andalucía volverá a jugar un papel decisivo, al igual que aquel 28 de febrero de 1980, cuando, con el Estado y las llamadas "comunidades históricas" en contra, consiguió una autonomía que, a la larga, supondría la garantía de una España más igualitaria que la que se había diseñado en los cenáculos del poder de Madrid.

Una mirada realista a la actualidad nos indica que el debate del modelo territorial está muy lejos de resolverse, no así el de la financiación, en cuyo tramo medio nos encontramos actualmente. Este 28-F debe servir, entre otras muchas cosas, para reivindicar un reparto del dinero entre las autonomías más justo e igualitario, que no sirva, como están pretendiendo algunos, para consagrar las brechas que existen entre las diferentes autonomías españolas, independientemente de las responsabilidades que cada una tenga en este hecho. Andalucía ya ha dejado claro que, en líneas generales, necesitamos más dinero para atender cuestiones básicas como la educación o la sanidad y que éste sólo se puede lograr si se toma en cuenta la población de los territorios como base fundamental del cálculo. Más ciudadanos, más dinero. Es una idea lógica y, sobre todo, justa.