Legitimidad política y tensión social

El acuerdo de investidura que permitirá a Pedro Sánchez continuar en la Moncloa, con amnistía incluida, responde al juego de mayorías parlamentarias derivado de los resultados electorales del 23 de julio. Tiene, por tanto, una legitimidad política que no puede ser cuestionada. El partido que ganó las elecciones, el PP, no fue capaz en su momento de tejer los pactos que le permitieran gobernar. Pero esa legitimidad política no significa que la tenga también social. El voto no es un cheque en blanco, sino el apoyo a un programa que para cumplirse necesitará, con bastante probabilidad, de medidas no incluidas en él pero que deberán ser coherentes con el mismo. Ahí está la quiebra que tiene a España sumida en una situación de confusión y tensión que no presagia nada bueno. Los votantes socialistas no avalaron expresamente una medida de la gravedad jurídica y social que significa el perdón para los responsables del intento secesionista de octubre de 2017 o el favorecimiento financiero y fiscal de Cataluña en detrimento de otras comunidades. Son concesiones de tanto calado y trascendencia que no se podrían adoptar sin un amplio respaldo expresado en las urnas. Todo parece indicar, desde las últimas encuestas publicadas a la pulsión de la calle, que las cesiones del acuerdo para la investidura de Sánchez no cuentan con una comprensión mayoritaria de la ciudadanía. Esta es la situación que algunos quieren aprovechar para subir la crispación hasta extremos difícilmente soportables. Es lo que ha hecho Vox con los escraches ante las sedes del PSOE, en las que ya se han producido algunos enfrentamientos con la Policía. Convertir el descontento de amplios sectores de la población en tensión en las calles es una deriva que conviene cortar cuanto antes. El sistema democrático tiene los mecanismos necesarios para garantizar que todo lo que apruebe el Parlamento estará amparado por las leyes. El Tribunal Constitucional, como última instancia, tiene las atribuciones para garantizarlo.