Antes del 15 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictará la sentencia contra los dirigentes del Procès; es posible, incluso, que se conozca antes de que finalice septiembre. Aunque el tribunal no tiene una fecha límite, el hecho de que algunos procesados cumplan a mediados de octubre los dos años de prisión preventiva hace pensar que la sentencia se producirá antes. Los independentistas van a intentar que la sentencia sea otros pistoletazo hacia un segundo episodio del Procès. Intentarán volver a controlar las calles y a remover a la opinión pública catalana, y se hará con los mismos instrumentos que entonces, puesto que la Generalitat sigue siendo manejada por dos partidos independentistas. Su presidente, Joaquim Torra, lo ha reconocido abiertamente: septiembre y octubre deben ser los meses para el enfrentamiento, civil, contra el Estado. El proceso judicial y la acción del Estado ha dejado al independentismo exhausto y dividido: están enfrentados los socios del Gobierno, ERC y JxCat; Oriol Junqueras y Carlos Puigdemont, y los republicanos con la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que es la agitadora social y la que organiza la manifestación de la Diada el 11 de septiembre. Aunque la sentencia ayude a unificar las distintas familias, el peso de la Justicia terminará por convencer a los más sensatos de que las vías de la insensatez necesitan no sólo una resistencia, sino una oposición. No sólo le separan visiones diferentes, sino intereses personales muy diferentes. Puigdemont y sus fugados no quieren ningún tipo de entendimiento con el Estado, han convertido sus vidas en una permanente huida y oposición a España, mientras que los encarcelados y Junqueras, líder de ERC, necesitan rentabilizar la fuerza que tienen en Cataluña para hacer una política posible. Además, queda por resolver el futuro de lo que antes fue Convergencia. Puigdemont se hizo con la organización, la radicalizó, pero hay ex dirigentes, caso de Artur Mas, que opinan que ese electorado conservador necesita otras siglas. Los partidos constitucionalistas y el Gobierno -el que sea, aunque posiblemente estará en funciones- deben estar preparados para unas semanas calientes, pero bastará la ausencia de titubeos desde el Estado para que el independentismo se disgregue, definitivamente, entre los puros y los realistas. En este contexto es cómo se comprende la negativa de Pedro Sánchez a presentarse a una investidura en la que tenga que contar con el apoyo, activo o pasivo, de ERC. Y de una Unidas Podemos que sigue sin resolver su compromiso con España.