El Gobierno de coalición sacó ayer adelante en el Congreso con 188 votos a favor y el respaldo de once formaciones políticas los Presupuestos Generales del Estado para 2021, los que deben afrontar los daños causados por el Covid-19. Técnicamente estamos ante una buena noticia. No era posible prorrogar ad infinitum las cuentas de 2018 de Cristóbal Montoro. El desafío de la pandemia exigía unos nuevos números capaces de dar respuesta a los graves problemas económicos y sociales que aguardan. A falta del trámite del paso por el Senado, en donde no se prevé modificación alguna, y la ratificación final en la Cámara Baja, el Ejecutivo central podrá iniciar el próximo año con todas las partidas económicas a su disposición. "Por fin tenemos cuentas públicas", exclamaba, eufórica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en un juego de malabares agradeció el respaldo de ERC y Bildu, para añadir que su único socio prioritario es el PNV. "Es una traición a España", respondió el PP. Y ése es el gran problema. El debate presupuestario no ha transcurrido por los derroteros exigidos. El posible pecado de optimismo y la falta de rigor en sus previsiones de ingresos, como le reprochó el Banco de España. La inclusión de unos fondos europeos aún por aprobar, y a los que se adjudica un papel determinante en la salida de la crisis. La ausencia o no de estrategia ante la sangría del desempleo, más allá de la prórroga de los ERTE. La brecha digital, educativa, intergeneracional e interterritorial, que abunda en la desigualdad. El modelo productivo ante el desplome de actividades fundamentales como el turismo, pero también en sectores industriales. No. La discusión se ha visto trufada de peticiones de indultos exprés a sediciosos, supresión del castellano como lengua vehicular, república confederal vasco-navarra, acercamiento de terroristas o armonización de impuestos liderada por independentistas. Montero asegura que se han negociado sólo partidas económicas. Pero no es ésa la impresión. El interés de los principales socios que respaldan estas cuentas reside en aprovechar el actual momento de debilidad para condicionar la futura política española. Inaceptable.