Recompra de sedes

En 2014 la Junta de Andalucía soportaba fuertes tensiones de tesorería que le impedían la puesta en marcha de programas de inversión que tenía comprometidos. Entre el conjunto de operaciones que la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, puso en marcha para hacer caja estaba la venta de 70 edificios de oficinas propiedad del Gobierno andaluz por 300 millones al fondo William Polk Carey. La Junta se comprometía a mantenerse como inquilina hasta 2034 y, entre otras condiciones, asumía el mantenimiento de las instalaciones y la actualización al alza de la renta, aunque el IPC fuera negativo. La operación fue avalada en su momento por la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo fiscalizador de la contabilidad regional, y no distaba mucho de algunas similares que muchas grandes compañías han puesto en marcha durante los últimos años para sanear sus cuentas. Pero a juzgar por los datos ofrecidos por el presidente, Juanma Moreno, para justificar la recompra de los edificios por 328 millones de euros, el pasar de propietarios a inquilinos fue una decisión que, además de suponer un menoscabo del patrimonio público, les ha costado a los andaluces una elevada cantidad de millones de euros. Desde 2014 la Administración andaluza ha desembolsado casi 280 millones por arrendar las sedes que hasta ese año tenía en propiedad. Con la reversión al patrimonio la Junta estima que ahorrará 35,6 millones de euros al año y que en el plazo de una década habrá amortizado la inversión que ahora se hace. Además, se garantizará que en 2034 no tendrá que ponerse a buscar a la desesperada nuevas sedes para ubicar a más de 8.000 trabajadores. Desde este punto de vista, la medida adoptada por Moreno parece irreprochable, aunque en la práctica quien sale verdaderamente beneficiado es el fondo estadounidense, que ha hecho una operación redonda: pagó 300 millones en 2014 y diez años después recibe 328 más los 280 que ha cobrado durante todos estos años por el alquiler de los edificios.