Comienza una semana que, a priori, se señala como decisiva para la convocatoria en Cataluña del referéndum ilegal el primero de octubre, cuando se cumplen tres meses del anuncio del presidente de la Generalitat de la fecha de la consulta ilegítima y de la pregunta a formular: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". Los principales partidos españoles reúnen hoy a sus órganos ejecutivos con el desafío catalán como asunto capital. El miércoles próximo está convocado un Pleno en el Parlament, en el que no está incluido en su orden del día la aprobación de la ley del referéndum, que está registrada pero no calificada por la Mesa. Esa ausencia no impide que la ley se vote en ese Pleno, ya que la mayoría soberanista de Junts pel sí y la CUP podría invocar el artículo 81.3 del reglamento para que la Cámara la valide. Si no es ése el camino jurídico empleado, cabe también que sea aprobada por el Govern mediante un decreto ley. Con la ley aprobada, será el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, quien deberá convocar el referéndum. El Gobierno del Reino de España asegura que el Estado está preparado para afrontar esta escena final del denominado proceso, que se espera que se dé antes del lunes 11, en el que Cataluña ha de celebrar una nueva Diada, que seguro será de claro cariz independentista. Si el frente soberanista opta por la vía parlamentaria, el Gobierno prevé pedir al Tribunal Constitucional (TC) que amplíe el incidente de ejecución de la sentencia que ya declaró en febrero inconstitucional el referéndum en sí y todos los actos tendentes a prepararlo. Si por el contrario Puigdemont firma el decreto ley, el Ejecutivo español recurrirá de nuevo al TC, para que anule la norma de inmediato. Aún quedaría al Estado el recurso de usar el artículo 155 de la Constitución, que permite requerir al presidente de la Generalitat para que cumpla la ley y dar instrucciones a cualquier autoridad autonómica. Ante la convicción de que los partidos independentistas catalanes no van a frenar en el desatino secesionista y provocarán el conflicto hasta sus últimas consecuencias, es momento de pedir prudencia a todos los poderes públicos, pero en especial al Gobierno de todos los españoles -también los catalanes- que es quien está defendiendo la legalidad y la soberanía nacional indivisible. Prudencia que no inacción. Todos hemos de estar sujetos al imperio de la ley y obedecer las decisiones judiciales, por lo que habrá de adoptar cuantas decisiones sean precisas para que no se vote lo que está declarado ilegal: no se deben permitir más paripés ni que el proceso vaya más allá de lo que ya ha ido. Y a los partidos representados en las Cortes Generales les es exigible, ahora más que nunca, un nítido apoyo político contra la ilegalidad secesionista.