El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a armar de razones a los que defienden el derecho a beneficiarse de financiación pública para los centros escolares que practican la llamada educación diferenciada o segregada por sexos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una sentencia del Alto Tribunal que defiende los conciertos con este tipo de colegios (la mayoría de ellos pertenecientes a órdenes o asociaciones católicas de cariz conservador), porque no producen "discriminación" y son "respetuosos con la Constitución".

Las sentencias significan un nuevo varapalo a la política llevada a cabo por la Junta de Andalucía, que colocó en el punto de mira a este tipo de centros e intentó acabar con los conciertos que mantenía con los mismos. Poco a poco, en sucesivas sentencias, el TC ha ido desmontando esta estrategia del Gobierno andaluz, que queda plenamente desautorizado en este asunto. La principal razón esgrimida por la Administración autonómica es que dichos centros son discriminatorios. Sin embargo, la decisión final del TC no ofrece ningún lugar a dudas: los colegios con educación diferenciada son "una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria". El TC deja claro que no es el modelo (defendido por muchos pedagogos) lo que produce la discriminación, sino las hipotéticas prácticas de un determinado centro. Si a partir de ahora la Junta quiere quitarle la concertación a un centro diferenciado tendrá que demostrar que discrimina, no argumentar que sigue un determinado sistema pedagógico avalado por el Constitucional.

Una vez más -ya van varias- el Constitucional considera y ampara el derecho de los padres a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos y la obligación del Estado en facilitarlo en lo posible, siempre que éste no vaya en contra de las normas fundamentales que consagran nuestra Carta Magna. En general, la educación concertada -no sólo la diferenciada- viene sufriendo ataques desde hace tiempo desde una serie de sectores que, más por motivos ideológicos que pedagógicos, quieren acabar con la financiación pública de los colegios católicos, obviando por una parte la larga tradición que estos centros tienen en España y, por otra, el enorme servicio público que han prestado y siguen prestando. De hecho, nunca se hubiese podido democratizar la educación básica y media sin la ayuda de la amplísima red de colegios concertados.