Una alarmante desconfianza

El rechazo generalizado a la indicación de Sanidad sobre la segunda dosis de Astrazeneca demuestra que la confianza y el crédito social del Gobierno son nulos

Nueve de cada diez profesionales esenciales menores de 60 años que se vacunaron en Andalucía con una primera dosis de Astrazeneca están reclamando que la segunda dosis, que ahora se está administrando, sea de la misma farmacéutica. En algunas provincias, como Sevilla, ese porcentaje es todavía mayor y alcanza la práctica totalidad del colectivo afectado. Algo similar ocurre en otras comunidades donde las autoridades sanitarias han permitido que sea el propio interesado el que manifieste su preferencia. De esta forma, se ignora de forma fehaciente el acuerdo surgido de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad que indicaba que la pauta vacunal de esas personas debía concluirse con una dosis de Pfizer para evitar posibles efectos secundarios de gravedad, como trombos. En esa comisión, a la que también asisten técnicos de las comunidades autónomas, el acuerdo se adoptó por un estrecho margen y con la oposición, entre otras, de Andalucía, que siempre reclamó que se pudiera administrar la segunda dosis de Astrazeneca. Llama poderosamente la atención que una norma emanada de la autoridad sanitaria del Gobierno de España haya provocado tal grado de desconfianza en una población sacudida por la mayor pandemia del último siglo. Además, esta circunstancia se produce en un colectivo de profesionales que ha estado en primera línea de actuación contra el coronavirus y que ha sentido especialmente sus efectos, incluidos sanitarios, personal de las fuerzas de seguridad o docentes. La primera conclusión lógica que se extrae del fenómeno que se está produciendo en los centros de vacunación es que el crédito social del Gobierno de España y la confianza que genera en la población está bajo mínimos, por no decir que es nulo. Si una indicación sanitaria en tiempos de pandemia es ignorada de la forma que lo está siendo es de imaginar lo que ocurrirá con el resto de los mensajes que emanan del Ejecutivo. Es una situación que se puede calificar, sin exageraciones, de alarmante y que debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez y su Gobierno de forma urgente.

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