¿Todos deben pagar lo mismo por las autovías?

Para muchos ciudadanos que usan a diario las autovías, el pago de un peaje puede suponer una losa difícilmente levantable

Sería un ejercicio de ingenuidad sorprenderse por la noticia de que el Gobierno central trabaja para implantar, en 2024, peajes en las autopistas y autovías de toda España. Ya cuando se eliminó el pago por circular por la AP-4 (Sevilla-Cádiz), el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había avisado de este proyecto, que es cuestión de tiempo que se termine ejecutando. Sin lugar a dudas, podemos considerar dichos peajes como una injusticia, ya que se le cobra al ciudadano dos veces por la misma infraestructura: primero, en forma de impuestos y, después, en forma de peaje. Pero, para ser sinceros, poco puede hacer el Gobierno para esquivar este proyecto que claramente le perjudica electoralmente. Principalmente porque es una exigencia de la Unión Europea para sus generosas ayudas del fondo de recuperación. La implantación de los peajes será una de las medidas por las que los ciudadanos españoles tendremos que apretarnos el cinturón en los próximos tiempos. Vendrán algunas más. Ahora bien, el Ejecutivo puede hacer muchas cosas para que dichos peajes (palabra para la que se está buscando todo tipo de eufemismos) sean lo menos perjudiciales posible para los ciudadanos, especialmente para aquellos que usan estas vías de comunicación para trabajar. No nos referimos sólo a los transportistas y comerciales, sino a todos aquellos que deben coger sus vehículos para acudir a diario a sus puestos de trabajo o para acceder a servicios básicos como la educación y la sanidad. Para muchos de ellos, la implantación de un peaje puede suponer una losa difícilmente levantable. Es evidente que los criterios del peaje deben distinguir entre un ciudadano que está abasteciendo a una ciudad, por ejemplo, y un turista que está en mero viaje de placer. Asimismo, también se debe discriminar entre los que no tienen más remedio que tomar una determinada autovía (porque no existen caminos alternativos o medios de transporte públicos como el ferrocarril) que el que usa estas infraestructuras por mejorar su comodidad y velocidad. El Gobierno debe ser especialmente sensible en esta cuestión.

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