El caso Djokovic contiene suficientes variantes para causar un conflicto con múltiples ramificaciones, más allá de las puramente deportivas. El tenista serbio está retenido en un hotel de Melbourne, hasta que el lunes se decida si procede su deportación o puede participar en el Abierto de Australia y defender su número uno del mundo. El afectado alega que no necesita vacunarse porque hace menos de seis meses superó la enfermedad que supuestamente contrajo en una fiesta. De momento, el lío burocrático ha salpicado las relaciones diplomáticas entre los dos países y ha causado un serio problema interno en la Administración australiana. Está claro que la organización del torneo y las autoridades del Estado donde se desarrolla debían conocer la situación sanitaria del balcánico antes de invitarle a viajar. Y también las normas del Gobierno central, estrictamente contrarias a esta presencia. Pero más allá del enredo burocrático, el tenista ha sido encumbrado con su consentimiento a los altares por grupos negacionistas del Covid-19 y antivacunas. Por fin han encontrado un héroe para enarbolar su irracional causa. E incluso atacar con saña desde las redes sociales a un referente ejemplar como Rafael Nadal. Es falso el debate planteado. Nadie cuestiona la libertad de un individuo de inocularse o no una dosis de un medicamento. Pero cada país es soberano para determinar los límites de admisión en su territorio de personas que reniegan de la única herramienta que hasta ahora se ha mostrado eficaz, con datos comprobados científicamente, para mitigar los efectos de esta pandemia. Un virus que ha causado 300 millones de contagios en todo el mundo y al que se le atribuyen 5,5 millones de muertes en dos años, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y también resulta crucial combatir los comportamientos egoístas y antisociales de los que hace gala este jugador, que fuera de la pista y en esta causa carece del más mínimo crédito.