El Partido Popular y Ciudadanos han iniciado el camino para propiciar una reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Las dos formaciones pretenden cumplir la promesa de su programa electoral de eliminar la figura del aforado para el presidente del Gobierno, sus consejeros y los diputados del Parlamento autonómico. Una iniciativa que consideran de "urgencia", porque se trataría de poner fin a una excepción procesal que impide que un juez ordinario, como sucede con el resto de los andaluces, pueda encausar a un político por una infracción ajena a su responsabilidad pública. Se trataría de una modificación parcial del citado Estatuto, ya que el cambio contempla que se mantenga la actual inviolabilidad de los afectados, incluso con posterioridad a la finalización de sus mandatos, para todas aquellas opiniones manifestadas como consecuencia del desempeño de su labor, así como por los votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones. Los dos partidos políticos que impulsan el ajuste han presentado una proposición no de ley, cuya aprobación llevará aparejada una consulta al Gobierno central para determinar si conculca alguna ley orgánica. La proposición carece del respaldo del principal grupo parlamentario, el PSOE, que tacha de "exprés" el trámite y quiere abrir un debate general. Su portavoz, Susana Díaz, ha decidido contraprogramar la propuesta de PP y Cs con otra alternativa en la que aboga por blindar en ese marco la Ley de Memoria Histórica. Una maniobra que claramente persigue escenificar las diferencias entre los partidos al frente de la Junta y Vox, que solicita la derogación de esa normativa. El toma y daca conducirá a una disputa partidista que sólo conseguirá que la Cámara andaluza se distraiga en asuntos que no figuran entre las prioridades de los andaluces, como la mejora del empleo y los problemas en la educación y la sanidad, por citar únicamente tres ejemplos. Andalucía no necesita una reforma general del Estatuto de Autonomía. Aunque pueda procederse a eliminar los aforamientos si hay mayoría parlamentaria que así lo avala. Pero incluso en este caso habría sido deseable que la decisión de la supresión parcial de esta figura se hubiera adoptado ya en el ámbito nacional y no autonómico. La última reforma del Estatuto andaluz data de 2007. Entonces, la abstención en el referéndum superó el 63,7% de los llamados a votar. No hay que emprender actuaciones legislativas sin que exista una motivación clara que las justifiquen. Y ahora no la hay.