Las instituciones y las luchas internas de los partidos

La Delegación del Gobierno es la más alta representación del Ejecutivo en Andalucía, y por tanto merece estar al margen de las batallas internas de los partidos

Como se ha informado en este periódico, el nombramiento de Pedro Fernández como nuevo delegado del Gobierno de España en Andalucía, en sustitución de Sandra García, no ha respondido a ningún criterio técnico o político de una mínima altura. Más bien ha sido un mero movimiento de sillones dentro de la batalla que Pedro Sánchez y Susana Díaz ya están librando por el control del PSOE andaluz. Para tomar su decisión, el Gobierno de Sánchez no ha tenido en cuenta en ningún momento los méritos o deméritos de Sandra García durante su breve etapa como representante del Gobierno de la nación en nuestra comunidad autónoma, sino simplemente que estaba alineada con la que sigue siendo secretaria general de los socialistas andaluces, enemiga declarada de Sánchez. Asimismo, aunque no se dude de las virtudes políticas de Pedro Fernández, alcalde de Baza, no cabe la menor duda de que su mayor mérito para haber llegado al despacho de la Plaza de España es el de pertenecer al hasta ahora exiguo sanchismo andaluz, sector que muy probablemente veremos crecer considerablemente en los próximos tiempos. Es una ingenuidad pensar que las batallas políticas sólo se dan entre partidos de diferentes ideologías. De hecho, es un lugar común decir que los peores adversarios son los propios compañeros de partido. La lucha por el poder, nadie lo pone en duda, empieza en los congresos internos de las distintas formaciones. Pero una cosa es eso y otra que se usen las instituciones como munición dentro de estas batallas. La Delegación del Gobierno es la máxima representación del Gobierno de la nación en nuestra autonomía y, por tanto, merece estar al margen de las trifulcas internas de los partidos políticos. Evidentemente, no ha sucedido así en esta ocasión. Muy probablemente estemos sólo ante el inicio de una pugna en la que veremos cosas peores, pero todos los partidos deberían comprender de una vez por todas que las instituciones no les pertenecen en propiedad y que cuando reciben el encargo de la ciudadanía de gestionarlas es para hacerlo con responsabilidad y en beneficio de todos.

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