Los dos artefactos explosivos que estallaron el pasado 10 de octubre, uno junto a un chalé de Benahavís y el segundo frente a la sede de una empresa en un polígono de San Pedro Alcántara, suponen un antes y un después en lo que se sospecha se trató de un ajuste de cuenta más entre bandas de delincuentes, ligadas presuntamente a negocios del narcotráfico. Un mes antes, ya había aparecido en una papelera en una urbanización marbellí otra bomba, que afortunadamente no llegó a explosionar. Un suceso que supuso la detención de una persona. La espiral de violencia de la que hace décadas no es ajena la Costa del Sol, asentamiento habitual de jefes de todo tipo de grupos mafiosos y del crimen organizado, ha subido un peligroso peldaño con este tipo de comportamientos más propios del terrorismo que de la delincuencia común. En lo que va de año, además, se han contabilizado más de una quincena de graves sucesos relacionados con este tipo de criminalidad. Asesinatos, tiroteos, secuestros y torturas. Algunos de ellos cometidos en espacios públicos muy transitados y a la vista de numerosos ciudadanos. Escenas más propias de los seriales policiacos que de la apacible convivencia que hay que garantizar en los municipios del litoral malagueño que, recordémoslo, tienen en el turismo su principal fuente de ingresos. Y la seguridad es uno de los factores fundamentales para atraer y fidelizar a los visitante. No es una publicidad deseable que los principales medios de comunicación, y no sólo españoles, reflejen la virulencia y los métodos que emplean en sus venganzas los grupos criminales. La preocupación y la alarma que se ha suscitado no es un producto de la exageración. A todo ello se une la cercanía al Campo de Gibraltar, comarca tristemente famosa en los últimos meses por el tráfico de drogas y la aparente impunidad con la que se mueven redes y cabecillas y el temor a un efecto contagio en este territorio vecinos. Los principales sindicatos policiales han denunciado la insuficiencia de los medios de que disponen los agentes para combatir con eficacia estas prácticas. Consideran que las plantillas son insuficientes y que el déficit puede alcanzar los mil funcionarios. Pero, además, exigen una mayor coordinación entre los Cuerpos de Seguridad para evitar duplicidades en la prestación y la investigación de algunos de los servicios. De momento, la respuesta del Gobierno central ante este nuevo panorama ha sido el silencio, se supone que a la espera de que escampe el temporal. La peor de las soluciones posibles.