Agua y regadío en Andalucía

Para decirlo sintética pero claramente: el agua en Andalucía es rehén del regadío. La lógica del regadío tiene una hegemonía social, cultural y política aplastante: el aplicar el agua al riego es de "sentido común". Y como las demandas de este sector son insaciables, la escasez y el déficit de agua siguen creciendo, pese a que los recursos disponibles no han cesado de aumentar. Este esquema hay que matizarlo territorialmente: en algunas comarcas son las demandas turísticas-residenciales las que más presionan sobre los recursos, pero esas situaciones son puntuales. El peso del sector urbano y turístico sobre el total de agua usada no supera el 15% como media regional; aunque importante, es minoritario en la mayor parte del litoral (Huelva, Cádiz, Granada, Almería); incluso en la Axarquía los cultivos (con el actual boom del mango, que se añade al anterior del aguacate) son el factor determinante. Sólo en la Costa del Sol occidental el sector urbano-turístico adquiere total protagonismo entre los usos del agua.

Con el sistema hidráulico disponible en Andalucía, las demandas urbanas (aparte de situaciones locales aisladas) están técnicamente garantizadas; por eso, en Andalucía no ha habido restricciones urbanas de agua graves desde el final de la gran sequía de 1992-1995. Esa fue la gran lección que se extrajo de aquella experiencia traumática: hay que reducir las dotaciones del regadío antes de que haya necesidad de restringir el agua a la población. Además, los consumos urbanos han descendido de manera generalizada y acusada desde entonces (con un máximo de descenso en Sevilla, un 40% desde 1991 a 2017), lo que ayuda a la gestión.

Además de a la cantidad, la presión agraria también afecta a la calidad: los principales problemas de contaminación (nitratos, turbidez, fitosanitarios) tienen su origen en la extensión del regadío, que va inutilizando los sistema locales de abastecimiento. Un proceso difuso, de iniciativa privada, con cobertura institucional y financiera pública, basado en aguas subterráneas, que ha sucedido a las grandes operaciones estatales, principalmente con aguas superficiales, de las décadas anteriores.

No se trata de demonizar el regadío, sino, por el contrario, de entender sus profundas raíces históricas, territoriales y culturales, y de situarlo en el marco del papel de Andalucía en la economía global, y más concretamente española y europea: concentración en los sectores primario y terciario no especializado. Los cultivos de regadío tradicionales se tienen que intensificar y los de secano (olivo, almendro, vid…) no pueden mantenerse en el mercado si no es incorporando el riego, que significa más extracción de recursos naturales (agua, suelos) y reducción de de calidad ambiental y biodiversidad.

En este contexto ecológico y político, la resistencia social a la política hidráulica dominante ha sido y sigue siendo débil y fragmentaria, aunque se multiplica en el territorio con formas organizativas y discursivas muy ricas. La presión organizada, con capacidad de movilización social, sigue produciéndose a favor de la continuación de la estrategia hidráulica ("más agua para todos"), como hemos visto en las movilizaciones, encabezadas por los alcaldes, en contra de la introducción de medidas de control del regadío en el entorno de Doñana. Algunos de los últimos grandes embalses que han acabado de regular los pocos ríos naturales que quedaban, generalmente con escasa racionalidad económica (Andévalo, Melonares, Rules…), no han suscitado oposición social relevante, salvo las críticas de grupos ecologistas y sectores de la comunidad científica.

Es muy significativo que las primeras reacciones con cierta base social se produjeran, a partir de finales del siglo pasado, en el interior de la Costa del Sol (valles del Genal, Hozgarganta y río Grande), defendiendo el territorio frente a proyectos de embalses justificados por necesidades del desarrollo urbano-turístico. Oponerse a que inunden tu propio valle para alimentar la espiral inmobiliaria proporciona más material simbólico cohesionador de algunas resistencias locales que aparecer como contrarios a la actividad de los agricultores. La legitimidad de las demandas agrarias es muy potente en la sociedad andaluza. Y todo apunta a que se va a ver aún más reforzada en el nuevo ciclo político que ahora comienza.