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Tribuna

JOSÉ MARÍA PÉREZ JIMÉNEZ PEDRO E. GARCÍA BALLESTEROS

Inspectores de Educación

Carta a la ministra de Educación

La fortísima desigualdad entre comunidades autónomas en todos los indicadores, desde la financiación a los resultados, es un escándalo inasumible para la educacion pública

Carta a la ministra de Educación Carta a la ministra de Educación

Carta a la ministra de Educación / rosell

Su nombramiento como responsable del Ministerio de Educación ha supuesto para los profesionales y personas interesadas en la misma motivo de cierta ilusión, limitada por la experiencia de los desengaños acumulados y el consecuente escepticismo. Sirva esta misiva para desearle suerte y acierto, ya que redundará en un mejor futuro de este país, y que su trabajo ayude a la mejora de aspectos cruciales del sistema educativo que esperan hace años su reforma. Le recomendamos que se olvide del cacareado pacto educativo. Sería una pérdida de tiempo y, quizás, una irresponsabilidad. No confunda lo sustantivo, los cambios educativos, con lo adjetivo, los pactos, aunque éstos sean necesarios. Con el marco actual, dada su experiencia, se pueden hacer reformas en tres aspectos claves que explicamos a continuación.

En primer lugar, la Educación Infantil que abarca desde el nacimiento hasta los seis años, se introdujo en 1990 con la LOGSE, con sentido educativo y no meramente asistencial, como era tradicional. Veintiocho años después, los niños y niñas de tres a seis años, están escolarizados en su mayoría, mientras que el primer periodo, hasta los tres años, se encuentra en una situación deficitaria e irregular, por diversos motivos: la escolarización está garantizada sólo a una parte que, en algunas comunidades autónomas, no llega a la mitad; no existe una red suficiente de centros públicos, supliendo la iniciativa privada ese déficit; los profesionales siguen teniendo un estatus y condiciones laborales propias de un servicio asistencial y no educativo y, por último, la admisión de los alumnos no se rige por criterios de igualdad, sino por las necesidades laborales y posibilidades económicas de las familias. Todo ello tiene como consecuencia que una etapa, reconocida como crucial para que la escuela cumpla sus funciones inclusivas no las ejerza, antes al contrario, refuerce las desigualdades ya que se encuentra en un lugar secundario en la estructura y funciones del sistema. Esto es especialmente grave porque los estudios evolutivos demuestran que los primeros mil días de vida juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. De manera que, un país en el que todavía existe un porcentaje de la población con graves déficits culturales y económicos, la educación de calidad en la primera infancia es clave.

En segundo lugar, al Ministerio de Educación se le ha denominado, además, de Formación Profesional, posiblemente por el desfase que sigue existiendo en nuestro sistema educativo entre los estudios académicos, orientados a la Universidad, y los profesionales, para técnicos y técnicos superiores, muy demandados últimamente, pero sin respuesta por las Administraciones. Valga como ejemplo las 31.000 solicitudes de ciclos formativos no atendidas el curso pasado en Andalucía. Los estudios profesionales ayudarían a tejer un modelo productivo que fuera más allá del turismo y la construcción. El impulso de la formación profesional requeriría una apuesta fuerte por la formación del profesorado, la dotación de infraestructuras y recursos técnicos y, sobre todo, la vinculación con el mundo económico dentro y fuera de nuestro país.

En tercer lugar, Sra. ministra, la fortísima desigualdad entre comunidades autónomas en todos los indicadores, desde la financiación a los resultados, es un escándalo inasumible para un sistema educativo que pretenda vertebrar la educación pública de un país. Es urgente, y su Gobierno puede hacerlo, que se pongan en marcha mecanismos potentes de compensación interterritorial que garanticen, en condiciones de igualdad, el acceso a la cultura de toda la ciudadanía de un Estado democrático.

Para abordar lo anterior, una ministra de Educación debe tener una clara concepción de la escuela pública, que no debe ser confundida con la sostenida con fondos públicos, que garantice la libertad y la justicia, no adoctrine, ni religiosa ni políticamente, y sobre todo, no provoque la creciente segregación que recientes estudios están denunciando. La educación es un derecho de todos los ciudadanos, no un mero servicio para algunos, ni mucho menos una inversión en capital humano. El carácter de derecho y obligación constitucional la convierte en la palanca fundamental de la igualdad, pilar básico para construir y defender la democracia. En definitiva, la resolución de los numerosos problemas de la educación, de los que hemos mencionado una parte, deben abordarse dentro del triángulo conceptual: Derecho-Igualdad-Democracia.

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