Tribuna

Juan carlos rodríguez ibarra

Ex presidente de la Junta de Extremadura

Dirigentes o marionetas

Esta descentralización sólo puede sostenerse y consolidarse con dirigentes regionales que tengan un alto grado de sentido de Estado y de lealtad constitucional

Dirigentes o marionetas Dirigentes o marionetas

Dirigentes o marionetas / rosell

Yo soy partidario del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías ha elevado el nivel vital de todos los territorios de España y eso es un haber positivo que no puede olvidarse. Sin duda, las comunidades autónomas han cometido muchas torpezas, pero sus aciertos han servido para el progreso de España y de sus territorios. Plantear ahora el retorno al sistema centralista es sencillamente suicida. No hay una sola posibilidad entre mil de que la clase política acepte esto y probablemente ningún pueblo de España lo quiera.

Bueno, tal vez, esta última afirmación haya que matizarla. La pandemia, en su primera y segunda versión, además del enorme roto que está haciéndole a la economía española y la desgracia que está llevando a tantos hogares a través de la enfermedad y la muerte, está llenando de argumentos a los enemigos de este buen descubrimiento que significó la incorporación del Estado autonómico a la descentralización de España.

Cuando se redactó el artículo 2 de la Constitución española ("La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas") y se desarrolló en el Título VIII, no se dudaba de la lealtad institucional de los poderes autonómicos.

La Constitución española fue un pacto entre distintos para convivir en libertad. Se trataba de eso fundamentalmente: personas, partidos, opciones políticas diferentes que deciden pactar para que podamos vivir en democracia, podamos convivir en libertad. Quizás lo más llamativo de ese pacto es que, además, se decide aplicar a fondo el principio de subsidiariedad. Es decir, que cada Administración haga aquello que mejor sabe hacer al servicio de los ciudadanos. Y surge, como consecuencia de esa concepción de descentralización del Estado, un Estado compuesto con poderes territoriales que no estaban antes de que la Constitución española lo posibilitara. Se puede vivir en democracia sin que existan poderes regionales. Pero a partir de 1981 aparecen esos poderes que consecuentemente generaron lo que mediáticamente se denominó barones o baronías. Surgen baronías, hombres y mujeres, con un poder que los partidos políticos nacionales no habían contemplado.

Esta descentralización sólo puede sostenerse y consolidarse con dirigentes regionales que tengan un alto grado de sentido de Estado y de lealtad constitucional. Pero lo que se está percibiendo desde la ciudadanía son algunas baronías que están dispuestas a ser figurantes y a ser utilizadas por sus partidos como carne de cañón para mejorar el resultado de esos partidos en unas futuras elecciones generales.

El ambiente comienza a ser irrespirable, sobre todo en Madrid, y el Gobierno se encuentra atrapado, lo quiera o no lo quiera, en un monotema paralizante. Madrid y su Gobierno autonómico se han convertido en la punta de lanza del Partido Popular contra el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos. Esa situación está empujando al alineamiento de las baronías territoriales en función de la militancia política de cada Gobierno regional, transmitiendo la sensación de que las cosas irían mejor si las competencias autonómicas pasaran a depender del poder central, poniendo en crisis la debilitada imagen del Estado de las Autonomías.

Los presidentes autonómicos actuales tienen la obligación de ejercer correctamente sus competencias y asumir la responsabilidad por el buen o mal ejercicio de las mismas y, al mismo tiempo, ofrecer al país la imagen de lealtad que se debe suponer a quienes administran unas competencias que los españoles decidimos concederles a través de la Constitución españolas y de los correspondientes estatutos de autonomía. Son ellos, y nada más que ellos, quienes en un ejercicio de nobleza y lealtad deberían arbitrar las medidas para que, sin necesidad de esperar la llamada del Gobierno central, ponerse de acuerdo en los mecanismos y medidas a adoptar para que la pandemia provoque el menor daño posible y los españoles podamos pensar que no nos equivocamos cuando votamos sí a un Constitución que establece un reparto de poder para que el equilibrio territorial sea una realidad. Un acuerdo de los 17 presidentes autonómicos y de las dos ciudades autónomas referente al tratamiento de la crisis del Covid-19 y de los pasos a seguir en toda España sería el mejor servicio que podrían ofrecernos, al que se sumaría indefectiblemente el Gobierno central, lo que revitalizaría la imagen del Estado de las Autonomías y tranquilizaría a unos ciudadanos absolutamente desconcertados. En sus manos está ser gobernantes con sentido de Estado o marionetas en manos de sus partidos.

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