Tribuna

Francisco Sarabia Nieto

Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Mercadeando con la dignidad

En fin no justifica los medios y las buenas intenciones alegadas no eximen de la responsabilidad

Mercadeando con la dignidad Mercadeando con la dignidad

Mercadeando con la dignidad / rosell

En muchas contrataciones, las Administraciones Públicas se están convirtiendo en una clase de explotadores laborales que, apoyándose en unas políticas enmascaradas en la libre competencia, están socavando los cimientos de un modelo profesional que se ha demostrado, a lo largo de nuestra historia reciente, como defensor de los intereses de la sociedad.

La contratación de servicios de arquitectura e ingeniería para el desarrollo de Obra Pública está siendo el blanco de unas políticas liberalizadoras que han encontrado en los técnicos del sector el eslabón más débil para reivindicar méritos en la gestión de los fondos públicos.

Las licitaciones de contratos públicos de servicios con la justificación de la baja económica como único o principal valor a la hora de adjudicar, están llevando a los profesionales que optan a esos contratos a entrar en una subasta a la baja de sus honorarios de una forma alarmantemente desproporcionada, muy por debajo incluso de los costos teóricos de producción.

Los políticos de turno, mal asesorados por los técnicos de alto nivel, y persiguiendo una falsa rentabilidad económica en la gestión de los recursos públicos, están consolidando unas prácticas en las que apenas se valora la calidad de los servicios ofertados o la excelencia del producto terminado, aspectos éstos que deberían ser los que midieran realmente la rentabilidad en la gestión de los fondos, y que es lo que realmente se debería buscar desde la Administración.

Un contrato de servicios que se adjudica por un importe inferior al 50% del precio de licitación manifiesta un defecto en su tramitación, bien en el cálculo inicial del precio de salida, o bien en su adjudicación admitiendo infantiles justificaciones de las bajas.

Otorgando a la Función Pública el beneficio de la duda en la sana intencionalidad (la Administración siempre obra de buena fe), lo que no se puede obviar es el apelativo de cooperador necesario. Cuando se adjudica un contrato con bajas entre el 50 y el 75% del precio de licitación, se es cómplice de las irregularidades y abusos laborales que de ese contrato se deriven. Debemos admitir, cuando menos, que detrás de esos contratos se esconden una precariedad en el empleo, una más que probable explotación laboral, y con toda seguridad la tacañería en la entrega del servicio contratado para ajustarlo a los honorarios percibidos.

Nos escandalizamos cuando conocemos casos como la subasta de un puesto de trabajo, o porque alguien pague al empresario que le proporcione un puesto de trabajo a un hijo, o que universitarios con varios idiomas trabajen por muy pocos euros a la hora, pero a la vez asistimos impávidos cuando a un profesional se le anima a desarrollar un trabajo por la mitad del coste, sin asumir la corresponsabilidad en el desprecio a su dignidad y a la de sus trabajadores o colaboradores. La ley persigue un matrimonio celebrado para conseguir el permiso de trabajo para uno de los cónyuges no residente, pero no observa irregularidades cuando una administración contrata a un arquitecto por importe inferior al 60% de los honorarios lógicos por esos servicios.

En fin no justifica los medios y las buenas intenciones alegadas no eximen de la responsabilidad, y bien lo sabe aquel padre inmigrante que animó a un familiar a que pasara por la frontera a su hijo oculto en una maleta para que mejorase la vida del menor; ahora esa buena intención se pagó con pena de prisión.

De todos es sabido que la contratación de unos servicios profesionales de arquitectura adecuados es el paso necesario para conseguir el éxito en la ejecución de cualquier obra pública. Los servicios profesionales para la redacción de los proyectos y control de las obras suponen entre un 5 y un 10% del valor total del presupuesto de la obra, por lo que una contratación a la baja de esos servicios apenas repercute económicamente en el costo final de la inversión; sin embargo, una desviación en las obras por un proyecto poco riguroso o un control que escatime esfuerzos puede hasta duplicar la inversión prevista, como hemos tenido ocasión de comprobar en múltiples actuaciones en obras recientes de la Administración. Por ello, una contratación adecuada de los servicios de arquitectura repercute en beneficio de la comunidad.

Los arquitectos somos un colectivo profesional que puede, y debe, aportar su grano de arena en la defensa de los fondos públicos, a través del desarrollo adecuado de nuestra actividad en la intervención en las obras públicas, para ello debemos sentir que nuestro trabajo es reconocido y razonablemente remunerado, y así lo exigimos. Unos honorarios proporcionados a los servicios prestados es una reivindicación de la dignidad profesional que se está cuestionando en estos tiempos de crisis socioeconómica que llevamos padeciendo, y que debiera estar libre de mercadeo, para bien de toda la sociedad.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios