Tribuna

Miguel Ángel Heredia

Portavoz de Hacienda en el Senado y Ponente de la Ley de Transacciones Financieras

Un estado de bienestar más fuerte

Un estado de bienestar más fuerte Un estado de bienestar más fuerte

Un estado de bienestar más fuerte

El Senado acaba de aprobar dos nuevos impuestos para que tanto las multinacionales como bancos y grandes rentas contribuyan algo más en el mantenimiento del Estado de Bienestar. La Constitución en su artículo 31.1 dice: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

Y de eso se trata, de que quién más tenga, pague más. No se gravará ni a clases medias ni trabajadoras, sino a las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente en el sistema fiscal y, por otra parte, a los intermediarios financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras son dos nuevas figuras fiscales que permiten a España modernizar su sistema tributario para adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI siguiendo la orientación marcada por la Comisión Europea y otras instituciones internacionales como la OCDE.

Es una tomadura de pelo por ejemplo, que Netflix pague poco más de 3.000 euros de impuestos en España en su primer ejercicio fiscal. Además, resulta que los gigantes tecnológicos pagan menos impuestos en España pese a ganar más. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft pagaron en conjunto 31,7 millones por el impuesto de sociedades en 2017, un 8% menos que el año anterior. Por otro lado, si los españoles pagaron de su bolsillo el saneamiento de los bancos, ya va siendo hora de que estos arrimen el hombro y ayuden a nuestro país a salir de esta crisis.

Actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone un agravio comparativo para los negocios tradicionales. El Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales o Tasa Google permite corregir ese problema y gravar esas nuevas formas de negocio y tiene su origen en la propuesta de Directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales.

España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno considera que mientras se alcanza dicho acuerdo internacional, se debe implantar en nuestro país, porque ya hay varios países europeos que están dando pasos al respecto, incluso hay países como Francia o Italia que lo han aprobado.El impuesto afectará a empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones a nivel mundial y cuyos ingresos superen los tres millones de euros en España. El gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. La recaudación prevista es de 968 millones de euros.

Por otra parte, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o Tasa Tobin va en la línea defendida también por la Comisión Europea y también ha sido adoptado por otros países como Francia o Italia.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición y se estiman unos ingresos para el Estado de 850 millones de euros anuales.

Sólo PP y Vox se han opuesto a la aprobación de estos impuestos. Lo del PP es especialmente llamativo sobre todo por dos razones, la primera porque ambos impuestos los tenían previstos aprobar el anterior Gobierno del PP, pero ahora se oponen porque los presenta el Gobierno de Pedro Sánchez. Este es su criterio político, ninguno.

Además es curioso que el PP que fue el que más ha subido los impuestos en toda la historia de la democracia, aumentando más de 30 de ellos, concretamente subieron 5 veces el IRPF, 4 veces el impuesto de sociedades y los especiales, 2 veces el IVA y el IBI, una el del patrimonio, incluso implantaron el copago farmacéutico, ahora argumenten que no es bueno subir impuestos.

Aunque es cierto que todos impuestos que subió el PP fueron a las clases trabajadoras y medias, mientras a los millonarios los bajaron, como muestra, baste recordar lo que hicieron con la amnistía fiscal.

Este Gobierno ha asumido el compromiso de proteger a familias y trabajadores en esta pandemia. Mientras el PP ante un crisis menor sólo protegió a los bancos. Antepusieron los bancos a las personas. Para llevar a cabo estas políticas de protección necesitamos más recursos como se pretende con ambos impuestos, con los que se espera recaudar casi 2.000 millones de euros al año, y ¿para qué se quiere dicha cantidad? Para fortalecer la sanidad y la educación pública, mantener las pensiones, los ERTEs y las ayudas a autónomos. La prioridad del Gobierno es salvar vidas y no dejar a nadie atrás, protegiendo a los más vulnerables. Para proteger el Estado de Bienestar hay que recaudar, por mucho discurso populista que traten de vendernos PP y Vox, pero recaudando más a quien más tiene.

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