Tribuna

Luis Utrilla Navarro

Presidente Provincial de Cruz Roja Española

La discriminación digital

Empresas e instituciones dan por sentado que los ciudadanos conocen y pueden acceder libremente a una conexión digital a la que le queda mucho de ser universal

ESCRIBÍA don José Ortega y Gasset a principios del siglo XX que sin la técnica el hombre no existiría, desgranando en un magnífico ensayo las razones por las que la técnica ha contribuido decisivamente al desarrollo de la especie humana.

A lo largo de la historia los adelantos tecnológicos han mejorado notablemente la vida del ser humano, ya sea liberándolo de los trabajos pesados, mejorando su capacidad de movilidad o facilitando las labores domésticas, educativas y sociales. Uno de los últimos episodios de este desarrollo está representado por lo que venimos en conocer como tecnología digital.

Si bien el acceso a cualquier tipo de tecnología no siempre ha estado al alcance de la mayoría de los ciudadanos, desde el inicio del siglo XXI se viene produciendo una progresiva y alarmante brecha digital.El uso mayoritario de la tecnología digital que realizan las instituciones, empresas y organismos de todo tipo en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, está generando un nuevo espectro de pobreza digital de difícil cuantificación, especialmente en las personas mayores y en los entornos rurales.

La prestación de los bienes y servicios públicos a través del canal digital, a veces en exclusiva alegando pretextos de todo tipo, incluida la situación de crisis sanitaria que vivimos, está dificultando seriamente el acceso a las ofertas y servicios de empleo; a la salud; a la educación; al transporte; y a los servicios sociales en general.

Empresas e instituciones dan por sentado que los ciudadanos conocen y pueden acceder libremente a una conexión digital a la que le queda mucho de ser universal.

El acceso a internet o a las redes de banda ancha, si bien ha mejorado en las grandes ciudades, apenas si ha llegado a los pequeños pueblos. Son muchas las localidades de menos de 10.000 habitantes que no tienen conexión 3G, y resulta impensable que a corto plazo puedan disponer de la nueva 4G o de fibra óptica.

El enlace a internet mediante conexión satélite suele ser la única oferta de servicios que prestan los grandes operadores, con limitadas capacidades de red y un precio excesivo y discriminatorio respecto a los servicios que se ofrecen en las ciudades mediante la fibra óptica.

Ni tan siquiera los servicios municipales de bibliotecas, casas de cultura, colegios, institutos o centros de mayores, cuentan con redes de conexión de alta calidad y abiertas a todos los ciudadanos.

Son también innumerables las instituciones, organismos públicos, entidades bancarias, energéticas, de comunicaciones o logísticas, que están utilizando el canal digital como barrera para restringir la obligada respuesta que deben dar por la prestación de sus servicios y por ende los derechos de los ciudadanos, que desafortunadamente han pasado a convertirse para muchas de estas entidades en meros consumidores.

Por el contrario, la compraventa de los datos digitales de esos mismos consumidores se ha convertido en un lucrativo negocio en el que participan todo tipo de organizaciones públicas y privadas, dirigidas en un buen número de casos a un uso espurio de los mismos. Desde hace años Cruz Roja Española trabaja con las autoridades autonómicas en minimizar la brecha digital, en un programa que debería retomarse y ampliarse cuanto antes, y al que deberían sumarse otras instituciones públicas.

Durante la pandemia Cruz Roja ha distribuido centenares de equipos informáticos para permitir que los niños y jóvenes puedan seguir su educación y se han puesto a disposición de los hogares las necesarias conexiones digitales para el acceso a los servicios de salud, al entorno laboral o a las empresas de servicios. Cuando la universidad, los institutos y muchos colegios deciden impartir sus clases solo on line, deberían tener en cuenta cómo resolver la conexión de infinidad de alumnos que no disponen de ella, y a los que están privando del derecho básico a la educación.

Cuando las instituciones públicas publicitan y tramitan sus ayudas en sus páginas web, no pueden hacer caso omiso a miles de familias que no tienen conexión a internet. Y en esta relación podríamos incluir al SAS, a los ayuntamientos, a las empresas de servicios, etc., y a tantos otros que están generando una brecha digital que atenta contra los derechos de los más desfavorecidos.

Es urgente, por tanto, que empresas, instituciones y organismos públicos, rompan las barreras digitales que están creando, para evitar que las grandes bondades que la tecnología digital nos aporta se conviertan en una nueva brecha insuperable de discriminación social.

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