Tribuna

J. Fernández Franco J. M. Pérez Jiménez

Presidente y vicepresidente de USIE

Una enmienda contra la función pública

Una enmienda contra la función pública Una enmienda contra la función pública

Una enmienda contra la función pública / rOSELL

Recientemente se ha aprobado una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Educación (Lomloe), por la que, en la fase de oposición para el acceso a la inspección educativa, cuerpo docente de carácter nacional, se suprime la mención a una prueba de conocimientos pedagógicos y normativos, manteniéndose, exclusivamente, la realización de esa oposición a través de "una valoración". La modificación es intencionada y de enorme calado: se suprime conscientemente la prueba y se mantiene únicamente la valoración, lo que permitirá a cada comunidad autónoma abordar la misma de la forma que estime conveniente. Todo ello nos retrotrae a tiempos pasados de prácticas clientelares, cáncer de toda Administración Pública, de nefastas y duraderas consecuencias. Lógicamente, ello ha dado lugar inmediatamente a las protestas del Sindicato de Inspectores/as de Educación (USIE), entre otros.

Podría pasar desapercibida esta noticia ya que parece afectar exclusivamente a un reducido número de funcionarios del sector educativo, en el conjunto del Estado. Cabe dudar si se hubieran atrevido a hacer lo mismo con inspectores de hacienda o de trabajo. Sin embargo, la enmienda puede tener graves efectos negativos, tanto para la propia Ley Orgánica de Educación que se debate, como para el conjunto de la Administración Pública.

Lo menos que se le puede pedir a una Ley Orgánica de Educación es coherencia en la determinación de medidas, como aplicación de los principios de los que parte, y los problemas que pretende resolver. Dicha coherencia, en este caso, brilla por su ausencia en la futura ley Celaá en la que, junto a medidas acertadas, se mezclan otras de difícil explicación como la enmienda citada. Si hemos de tomarnos en serio la defensa que la Lomloe hace de la escuela pública como única garantía del ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad; si debe ser creíble el establecimiento de algunas medidas contra la segregación escolar, principal problema del sistema educativo español, que pasan justamente por cómo se materializa el derecho a la educación; si todo lo anterior lo asumimos como necesario, es inadmisible y contradictorio que, precisamente, el cuerpo de inspección, encargado de velar por ese derecho, sea seleccionado por mecanismos opacos y ajenos a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Todo ello no significa que defendamos el actual sistema de oposiciones, más propio del siglo XIX, por su memorismo e inadaptación a la inspección que necesitamos para el siglo XXI. Todo lo contrario, es necesario cambiarlo, pero en la dirección justamente opuesta a la propuesta. Necesitamos un sistema de acceso de la inspección educativa que garantice de forma objetiva y transparente la selección de los más preparados y que, al tiempo, blinde su independencia y autonomía profesional de cualquier poder político, ya que éstas son condiciones indispensables para ejercer sus funciones.

Pero, además, la enmienda aprobada trasciende al mundo educativo, afectando al conjunto de la ciudadanía en la medida que no favorece a la Administración Pública, pendiente de una nueva Ley de Función Pública para futuro próximo. Según los especialistas, tenemos una Administración caracterizada por una gran descoordinación entre las distintas administraciones, una fuerte cultura burocrática, con más formalismo que eficiencia, una selección arcaica e ineficiente de personal, con fuerte politización directiva, muchas áreas de opacidad y déficit de evaluación pública y publicada. Pues bien, a la hora de decidir cómo seleccionar a unos funcionarios de alto nivel, que realizan tareas citadas en la propia Constitución, como son los inspectores e inspectoras de educación, la enmienda aprobada se orienta justamente a reforzar los problemas de descoordinación, opacidad y politización ya que nos podemos encontrar con una fuerte divergencia entre comunidades autónomas, así como el riesgo evidente de clientelismo o sumisión. Y no sólo refuerza los problemas, sino que, además, no aborda ninguna de las soluciones que permitan cambiar unas oposiciones arcaicas, burocráticas y formalistas, que, por cierto, no solo afectan al acceso a la inspección educativa, sino al del resto del funcionariado docente.

Confiemos que no sólo se rectifique, sino que además el escándalo suscitado contribuya a modelar un moderno y eficiente sistema de acceso al conjunto de la Administración Pública. La crisis que vivimos ha vuelto a recordar a toda la ciudadanía lo mucho que nos va en ello.

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