Gerardo Hernández Les

Las recientes elecciones celebradas los pasados 28 de abril y 26 de mayo si han dejado algo claro es la necesidad de abordar, de una vez, la reforma del sistema electoral, tanto por las distorsiones de la ley como por el cambalache que suponen los pactos electorales para la formación de los distintos gobiernos. Es algo que se tenía que haber resuelto hace tiempo pero que los partidos políticos –principalmente los mayoritarios– no han querido hacer por ser claramente beneficiarios de la vigente legislación.

Ante los defectos de nuestro sistema caben dos posturas: mantener la actual legislación, con ligeros retoques, o afrontar una reforma profunda, que es lo que abogamos desde Sociedad Civil Malagueña, aún siendo conscientes de las dificultades que entraña. En el mundo occidental imperan dos modelos electorales: el sistema llamado proporcional (Holanda, Suiza, Países nórdicos, entre los más importantes), y otro denominado mayoritario (Gran Bretaña, EEUU, Canadá y Francia, principalmente). Alemania tiene un sistema mixto, distribuyendo al 50% los escaños entre los dos modelos. España tiene un sistema que reúne todas las desventajas del sistema proporcional, cuando elige los diputados del Congreso a través de listas de partido cerradas y bloqueadas, y ninguna de las ventajas del sistema mayoritario cuando vota en el Senado candidatos personales.

La mayor objeción que se puede hacer al sistema proporcional es que el votante tiene poca libertad de elección en un sistema de listas, donde no se eligen representantes individualizados, sino candidatos desconocidos para la mayoría de los electores, colocados “a dedo” por las cúpulas partidarias, y obligando a ejercer un voto principalmente motivado por influencia ideológica, emocional, o mediática, pero muy poco racional.

Creemos que la legitimidad del voto se tiene que basar en la confianza del elector en quien, en teoría, tiene que defender sus intereses, antes que los de un partido determinado. Y para que se cumpla esta condición es necesario tener un conocimiento pleno del candidato (calidad moral, intelectual, profesional, etc.) y, por otra parte, esto exige una proximidad geográfica entre candidatos y electores, lo que solo puede darse en distritos perfectamente delimitados.

Estos son los requisitos que se dan en los sistemas mayoritarios, añadiendo un factor todavía más importante: la rendición de cuentas. Lo lógico es que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades a sus diputados y éstos, que deben sus escaños a aquellos, gozan de libertad de conciencia (de acuerdo al artículo 67.2 de la Constitución), incluso para romper la disciplina de voto del partido cuando existen intereses que lo justifiquen. Esto lo hemos visto en el Parlamento británico, pero no lo hemos visto en el español, ni lo veremos, si no cambiamos el sistema actual.

El sistema mayoritario también tiene su talón de Aquiles. En el modelo de escrutinio uninominal inglés solo el candidato que obtenga más votos en cada distrito se queda con el escaño. Esto significa que un porcentaje importante de electores se quedan sin representación directa. En Francia compensan el problema introduciendo una segunda vuelta, dando un segundo voto a los electores.

En España, extrayendo enseñanzas de nuestra propia experiencia y de las ajenas, tendríamos que lograr dar primacía a los electores para que puedan elegir a una buena parte de sus representantes uninominalmente, de forma mayoritaria y directa; y otra parte por un sistema de listas, pero sustituyendo las circunscripciones provinciales por una circunscripción única o de CCAA. Sería un modelo mixto bastante similar al alemán.

En nuestro país, la reforma electoral tiene que ir más allá de mejorar los mecanismos de representación. Tiene que dar a los ciudadanos parte del poder que los partidos han sustraído a la sociedad civil. Unos partidos que tienen el monopolio absoluto de la vida política y, sobre todo, el control de las listas electorales. Se trataría de una reforma que permita elegir a los más aptos –de acuerdo a la capacidad y al mérito– para representar a los ciudadanos y para gestionar los distintos gobiernos.

En SCM somos tan conscientes de la necesidad de esta reforma que, en el próximo mes de septiembre, iniciaremos una campaña de recogida de firmas por estar convencidos que solo abriendo un debate en la sociedad será posible trasladarlo al Congreso de los Diputados.