Unos servicios públicos de calidad

Hace una semana asistí a un pleno en el Ayuntamiento de Málaga para la defensa de los servicios públicos esenciales, a petición de una formación política. Antes de mi intervención pude vivir una situación curiosa: se discutió una moción sobre la calidad del servicio que presta una empresa de jardinería que tiene actualmente la licitación para cuidar los jardines públicos de esta ciudad, parece que ya no quedan jardineros municipales. Una ciudadana relató cómo las ratas entraban en su casa y la de sus vecinos desde las copas de los árboles, las cuales no se podaban desde hace mucho tiempo. La administración responsable le dio como única solución que fumigase su casa.

No se aprobó la moción para remunicipalizar este servicio, pero tampoco vi que el Ayuntamiento aportase alguna solución para evaluar la calidad del mismo, ni pedir soluciones a la empresa contratada. Es más, me asombró escuchar a una concejala decir que no apoyaba la moción porque su partido aboga por adelgazar los servicios públicos. En ese momento me entraron ganas de levantar la mano, como en el colegio, para explicarle a esa concejala y a todos los presentes lo que puede suponer adelgazarlos.

Empecemos por decir que se adelgazan a costa de externalizar servicios que las administraciones tienen la obligación de prestar a toda la ciudadanía. Recordemos que pagamos impuestos para disfrutar de dichos servicios y que estas externalizaciones suponen un sobrecoste a la administración de un 21%. Toda empresa, aunque sea pública, tiene que pagar el IVA.

Hay empresarios, por suerte no todos, que asumen estos encargos públicos, licitan a la baja, proponen hacer el mismo trabajo por menos dinero. La administración en aras del supuesto ahorro adjudica el servicio y se olvida de controlar cómo gasta nuestro dinero público dicha empresa. La empresa concesionaria que tiene que tener un margen de beneficio y ha ofrecido el trabajo a menor coste, lo obtiene de diversas formas: menor número de trabajadores para atender el servicio, peores condiciones de trabajo y salariales, incumplimientos sistemáticos de los convenios colectivos. En resumen, se genera desde el ámbito público precariedad laboral y temporalidad. Hay que decir, volviendo al episodio del pleno, que en cuestión de jardines nuestra querida ciudad, inmersa en la candidatura de la Exposición Universal 2027, no anda muy acicalada, en un par de ocasiones andando por la plaza de la Marina hacia mi trabajo he visto dos ratas muy hermosas paseándose tranquilamente por nuestros jardines.

En mi intervención, alcé la voz para denunciar que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado de contratar a más de 2.200 personas trabajadoras en la provincia de Málaga: 1.500 sanitarios, 500 docentes, 200 agentes forestales (necesarios para prevenir incendios como el de Sierra Bermeja) y 70 orientadores educativos (PTIS).

En el ámbito sanitario, que es el que por mi profesión más conozco, han esgrimido la pueril excusa de que ya no hay Covid para dejar de contratar a estos 1.500 profesionales. Nada más lejos de la realidad. Seguimos conviviendo con él y además con variantes que llegan y no sabemos si estamos protegidos con las vacunas. La ciudadanía sigue contagiándose, pero también sigue enfermando de patologías no Covid, patologías muchas veces en estadios más graves por el retraso en el diagnóstico.

Hay muchas personas que siguen ingresando en las ucis y servicios de nuestros hospitales, los profesionales sanitarios que quedan trabajando, después de tantos aplausos a las ocho de la tarde con monumento incluido, y han vuelto a trabajar inmersos en la precariedad y sobrecarga laboral como muestra el ratio de TCAEs (Auxiliares de Enfermería) que tiene la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en la actualidad. Una TCAE para cada seis pacientes, cuando la recomendación del Ministerio de Sanidad es de una TCAE para cada cuatro pacientes.

En la atención primaria nos encontramos demoras para ver al médico de familia en algunos centros de hasta cuatro semanas, y si necesitamos ver a un médico especialista podemos tardar hasta más de dos meses en tener la primera visita.

De forma paralela, en los presupuestos del próximo año la Junta de Andalucía destina más de 40 millones de euros para derivar a los usuarios del sistema público de salud a centros privados (pruebas diagnósticas, cirugías de no gran envergadura). Sin embargo, despiden a profesionales sanitarios, pero refuerzan los servicios invirtiendo dinero público en centros privados. Volviendo a mi hipotética respuesta a la señora concejala: usted no está ahí para adelgazar la administración, usted está ahí para gestionar nuestro dinero público con prácticas de buena gobernanza que nos garanticen a todos unos servicios públicos de calidad.