El anuncio de las elecciones generales para el próximo día 28 de abril nos sitúa ante los comicios más transcendentales de los vividos en nuestros 40 años de democracia. La Constitución de 1978 está siendo vulnerada, en un proceso al que no se le ha sabido poner freno, o no se ha tenido la voluntad de hacerlo. Por otra parte, la atmósfera que hoy estamos respirando es la contraria a la que los ciudadanos reclaman. Son las estrategias erróneas de los partidos las que nos están llevando a todos a un escenario frentista y a una polarización extrema. Esta radicalización es evidente en la agresividad creciente que denota el lenguaje esgrimido por los dirigentes políticos de todo el espectro patrio; recogido, y a veces ampliado, en medios de comunicación, tertulias y redes sociales, donde la crispación y el tono chirriante alcanza un grado inaceptable. Nos espera una campaña electoral -ya en marcha- con un tono descalificador de alto voltaje, donde cada cual le aplicará el impresentable "cordón sanitario" a sus adversarios, según convenga.

El eje izquierda-derecha, propio del bipartidismo que representaban los dos partidos que han sido hegemónicos, se ha trasladado a un eje que divide a cinco partidos en dos bloques cada vez más antagónicos y entre los cuales solo sería posible construir mayorías de gobierno formando coaliciones de tres de ellos afines, o de dos que estén dispuestos a recabar de los secesionistas catalanes el mismo papel que han jugado en la moción de censura y que hizo posible la irresistible ascensión de Pedro Sánchez al Olimpo de La Moncloa. En realidad, un pandemónium que hará añorar a muchos el no tan viejo bipartidismo.

Con estos prolegómenos no es aventurado presagiar la dificultad que puede entrañar la formación de un gobierno del que habría que esperar que tenga la cohesión y la fortaleza suficiente para afrontar los problemas que padecemos y, principalmente, el contencioso de Cataluña. Hoy por hoy, nadie sabe cómo se va a resolver el conflicto catalán, pero si se quiere evitar una fractura traumática en el conjunto de la sociedad y, de forma definitiva y sin vuelta atrás, en el seno de la propia colectividad catalana, tendrá que buscarse un camino que pase -además de la aplicación de la ley- por una solución dialogada y negociada -no de concesiones irreversibles- que haga posible el regreso a escena del catalanismo político, dejando en minoría a un secesionismo irredento y sin futuro, y devuelva a la sociedad catalana a la senda constitucional y al Estatuto.

Pero este camino, que no es para mañana mismo, solo puede emprenderse cuando los partidos constitucionalistas vuelvan a estar juntos, e incluso que sean capaces de formar grandes coaliciones de gobierno (liberal-conservadores y socialdemócrátas) como ocurre en otros países europeos ante situaciones de crisis. Hoy, en España, un acuerdo de los partidos constitucionalistas (PP,PSOE,Cs) sería inexcusable. Pero la responsabilidad de su inviabilidad compete fundamentalmente al PSOE, ya que fueron los socialistas (por mucho amparo que les diera el artículo 113 ) los que rompieron el pacto constitucional al entregarse a los separatistas catalanes para dar satisfacción a la desmedida ambición personal de su líder. Los militantes socialistas tienen una responsabilidad histórica, pues no pueden alardear de ser los principales defensores de la Constitución y, al mismo tiempo, apoyarse en quienes quieren romperla para crear un Estado propio. Esto no se sostiene.

Lamentamos tener que manifestar que si el liderazgo de Pedro Sánchez -construido desde la mentira política, la ausencia de escrúpulos y la utilización descarnada del poder- no llega a ser cuestionado desde su propio partido, solo podemos esperar un futuro inmediato preocupante, tanto para la sociedad española como para el PSOE. Que nadie dude que el actual secretario general de los socialistas volverá a pactar con los secesionistas catalanes -más el respaldo del PNV,Bildu y Podemos- si ese paso le asegura seguir en La Moncloa.

Tenemos claro que hoy en España el único juez de paz con el que contamos es la Constitución, y por eso habrá que salvarla de quienes quieren sobrepasarla o pretenden abrir un nuevo proceso constituyente para abolirla directamente. Primero habrá que defenderla en su totalidad y después afrontar las reformas concretas que ya necesita. Estamos convencidos que esta es la tarea prioritaria que tienen por delante las sociedades civiles que hoy se están organizando en España.