El pleno ordinario celebrado este miércoles en Fuengirola aprobó por unanimidad y de manera definitiva la nueva ordenanza para la concesión de ayudas de emergencia social, que se otorgan a aquellas familias del municipio que presentan problemas a la hora de afrontar sus gastos.

Estas ayudas se utilizan principalmente para pagar el alquiler o aquellos suministros básicos como son la luz, el agua, el gas o incluso las cuotas de escuelas infantiles o hasta los recibos de la comunidad, y entre las principales novedades de la ordenanza destaca el incremento de estas cuantías entre un 40 y un 100%. Así, por ejemplo, el caso del bono del alquiler ascendería de los 1.500 euros hasta los 2.150 euros.

El solicitante deberá llevar empadronado en el municipio al menos un año

“Es un incremento importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en otros municipios cercanos las ayudas son de 350 o 500 euros”, apuntó el edil responsable del área, Francisco José Martín, que explicó que las ayudas se concederán en el año natural, no desde el momento en que se solicitaron. De esta manera, con la nueva ordenanza, si una persona solicita la ayuda en octubre podrá volver a pedirla en enero del año siguiente y no tendrá que esperar hasta el mes de octubre para poder tramitarla de nuevo.

“Nuestro deber es cubrir todas las necesidades de aquellos que necesitan atención por parte de Servicios Sociales para recibir ayuda, porque nuestra prioridad es garantizar el bienestar de estas personas”, agregó el edil.

Asimismo, con la nueva ordenanza se da un papel más resolutivo a los trabajadores sociales a la hora de otorgar las prestaciones. “Son ellos los que tienen potestad para conceder una ayuda en casos tales como gastos extraordinarios, que posibilita otorgarlos de forma urgente”, explicó. Asimismo, el edil informó de que las cuantías podrán solicitarse por el procedimiento administrativo y también de oficio por parte de los trabajadores sociales.

Otro de los cambios que se introduce con la nueva normativa es que será el solicitante el que deba estar empadronado en el municipio con al menos un año de antiguedad y no todos los miembros de la unidad familiar como anteriormente. Por último, el nuevo reglamento reserva una partida de 30.000 euros para la compra de medicamentos.