El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Torrox ha acordado el archivo de la causa seguida en las diligencias previas por los vertidos de aguas residuales al mar sin depurar en el litoral de Nerja. La denuncia interpuesta por un empresario hotelero del municipio del Balcón de Europa y Ecologistas en Acción se cursaba sobre una decena de responsables políticos de la localidad.

La Fiscalía de Medio Ambiente ya había solicitado a principios de mes al titular de dicho Juzgado, el archivo provisional de la causa, ya que, aunque estimaba que están acreditados y su potencialidad lesiva, no veía responsabilidad penal en los responsables de las distintas administraciones o entidades implicadas.

El Juzgado considera que los ediles no tenían responsabilidad sobre la depuradora

En el mismo sentido se ha manifestado el juez de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Torrox que considera que “no puede apreciarse indicios de responsabilidad penal de los gestores municipales investigados, quedando contrastado tras la prácticas de las diligencias instructoras, que la responsabilidad de las construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Nerja corresponde exclusivamente al Ministerio para la Transición Ecológica”.

El auto, según ha informado el Ayuntamiento, también refleja que “el Consistorio ha mantenido comunicación constantemente con la administración autonómica y Estatal requiriendo la agilización de las obras, así como colaborando con la expropiación y cesión de los terrenos”.

Para el alcalde, José Alberto Armijo (PP) el archivo de la causa por los vertidos en el litoral nerjeño, “es una buena noticia que viene a confirmar lo ya anunciado previamente, que la actuación de los diferentes cargos públicos locales quedaría exenta de reproche penal”.

De esta forma quedan exentos de responsabilidad penal alguna el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP); la portavoz del PSOE, Rosa Arrabal Téllez; la concejal de Urbanismo, Nieves Atencia (PP), los exconcejales de Medio Ambiente, José Miguel Jimena (PP) y Jorge Bravo (IU), y los ex ediles de infraestructuras, José Alberto Tomé (PP), José María Rivas (PSOE), Antonio García (PP) y Jonathan Méndez (PP).

Esta causa forma parte de una denuncia de Ecologistas en Acción Andalucía por las irregularidades detectadas en algunas de las depuradoras de las diferentes provincias de la comunidad andaluza. En Málaga, estaban incluidas también las de Coín y Alhaurín el Grande. Los informes eran de 2017. A partir de ella, se abrió la operación Vastum (vertido en latín) por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).