Tras el trágico suceso ocurrido el pasado lunes en Fuengirola, en el que un menor de 17 años perdió la vida tras ser apuñalado por otro joven en el parque del Rosario de Los Boliches, en el municipio se ha reabierto el debate sobre la seguridad ciudadana. Por ello, el edil responsable, Rodrigo Romero (PP), recordó ayer que las competencias en esta materia recaen sobre el Ministerio del Interior, no sin antes comunicar que en los últimos cinco años el Consistorio ha realizado un total de cinco peticiones al respecto para que se amplíe la plantilla de la Policía Nacional, cuyo catálogo de puestos de trabajo hace unos meses "ni siquiera estaba cubierto".

En este sentido, Romero señaló que los criterios para establecer el número de funcionarios de una localidad son estrictamente poblaciones, ya que el Ministerio de Interior se basa en el número de habitantes censados y no en la población flotante. En el caso de Fuengirola, informó, de los casi 150.000 ciudadanos existentes, sólo están empadronados unos 70.000. "Es un criterio equivocado para todos los municipios costeros, no sólo para Fuengirola", comentó el edil, quien volvió a exigir al Gobierno central la ampliación de Policías Nacionales en el municipio, ya que la plantilla actual es "absolutamente insuficiente", pese a que aúnan sus esfuerzos junto a los de Policía Local. En esta línea, el concejal informó de que desde el Ayuntamiento se trabaja constantemente en mejorar las necesidades de la localidad, motivo por el que, además de ampliarse la Jefatura de Policía Local, en este ejercicio se incorporarán 23 nuevos agentes. Aún así, "necesitamos que la parte responsable [el Gobierno] también se involucre más", añadió.

Al ser preguntado por las quejas vecinales de los residentes de la zona del parque del Rosario con motivo de la escasa vigilancia, la cual se ha visto disminuida en los últimos meses, según ha podido saber este periódico, Romero señaló que estos guardias pertenecen al departamento de Zonas Verdes y que su labor es la de vigilar el mobiliario urbano, por lo que carecen de potestad para intervenir en una reyerta.