Provincia

Ex ediles del GIL se conforman con la pena solicitada por la Fiscalía

  • La defensa de Manuel Calle pacta un año de prisión y diez de inhabilitación, mientras que sus compañeros Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa son condenados con nueve meses de prisión y diez años de inhabilitación

Cuatro ex ediles del Ayuntamiento de Marbella que pertenecieron al GIL se han conformado con la pena propuesta por la Fiscalía por delitos urbanísticos en relación a la concesión de licencias para la construcción de 250 viviendas a la empresa Algabamar II SL. Uno de los abogados, Ernesto Osuna ha explicado a los periodistas que la defensa ha pactado con el Ministerio Fiscal la pena de un año de prisión y diez de inhabilitación para el ex edil del consistorio marbellí Manuel Calle.

La pena acordada para el resto de los ex concejales, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa, ha sido de nueve meses de prisión y de diez años de inhabilitación para ejercer como cargos públicos.

El juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 7 de la Audiencia Provincial de Málaga, ha tenido lugar hoy tras la ausencia de algunos de los abogados o acusados durante el ejercicio de la vista oral que tuvo lugar el pasado día 22 de septiembre.

Por esta misma causa, el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz y cuatro ex concejales de la localidad fueron condenados a un año de prisión y a diez de inhabilitación.

En el caso se han enjuiciado los hechos relativos a la concesión de varias licencias por parte del Ayuntamiento a la empresa Algabamar II entre 1998 y 1999 para la construcción de 250 viviendas en unos terrenos calificados como rústicos y rústicos de control en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.

El Consistorio otorgó en comisión de gobierno en noviembre de 1998 la licencia al proyecto básico para la primera fase de la promoción inmobiliaria, que comprendía cien viviendas, y en enero de 1999 aprobó el proyecto de ejecución. En julio de 1999 la comisión de gobierno concedió la licencia a los proyectos básico y de ejecución de la segunda fase de dicha promoción, con 90 viviendas, y en octubre de ese año hizo lo mismo con la tercera fase, que preveía la edificación de 60 inmuebles.

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