El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación penal contra el camping ubicado en la zona de El Hornillo por omisión de cierre después de que el Ayuntamiento de Mijas decretara en agosto del pasado año el cese cautelar de la actividad de las instalaciones por carecer de licencia de obra y por otra serie de deficiencias en materia de seguridad, salubridad y habitabilidad. Fue el pasado 4 de julio cuando el departamento de Urbanismo ordenó el cierre y precinto del recinto tras detectar "la presencia y almacenamiento de residuos peligrosos". En lo que se refiere a la licencia, el ente local aseguró que lo construido no se correspondía con el permiso de obras otorgada en su día. Asimismo, el Ayuntamiento alegó que, según inspecciones realizadas por la Policía Local y a tenor de lo consignado en distintos informes urbanísticos al respecto, estas incidencias "afectan a las condiciones de higiene, habitabilidad y seguridad" de las instalaciones. Los referidos documentos hacían referencia a que el camping no cuenta con un plan de autoprotección contra incendios forestales.

Ante esto, el alcalde del municipio, Ángel Nozal, refrendó por decreto el cierre temporal del recinto hasta ver subsanadas las deficiencias observadas y se obtenga la licencia de primera utilización y la de apertura. Sin embargo, semanas más tarde una patrulla policial que circulaba por la zona donde se erige la instalación comprobó que esta seguía abierta al público, razón por la que el departamento de Aperturas del Consistorio ordenó el precinto del mismo para dar cumplimiento al cese cautelar de la actividad ordenado a principios de julio.

Las próximas inspecciones llevadas a cabo por la Policía Local no hicieron sino agravar el asunto. Nuevamente, el camping hizo caso omiso a las órdenes del ente local y continuó ejerciendo su actividad, desobedeciendo el decreto de cierre y precinto anunciado meses atrás por el Ayuntamiento. Llegado este punto, el Consistorio puso estos actos en conocimiento de la Fiscalía en un escrito el pasado 23 de febrero en la que alegaba tanto la falta de licencia de primera ocupación y de apertura, como que la continuidad de estas instalaciones "generan un importante riesgo para la salud de las personas, dadas las deficientes condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad, que afectan al agua que se está consumiendo en ellas así como al medio ambiente".

Recientemente, el Ministerio Fiscal ha comunicado al Ayuntamiento que abrirá una investigación penal por este asunto, por lo que ha solicitado toda la información en manos del Consistorio relativa al tema para proceder a la misma.