Deuda

El Gobierno podría romper el acuerdo con Marbella del fraccionamiento de la deuda

  • El Ayuntamiento llevará al pleno una moción para interponer un recurso ante los tribunales

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El Gobierno podría romper el acuerdo con Marbella del fraccionamiento de la deuda

El Ayuntamiento de Marbella ha recibido una notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que da por finalizado el acuerdo alcanzado para el fraccionamiento de la deuda acumulada por los gobiernos del GIL, que alcanza los 140 millones de euros. Así lo dio a conocer este lunes el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, que anunció que llevará al próximo pleno ordinario, que se celebrará este viernes, la interposición de un recurso ante los tribunales, una vez que se ha dado cuenta de este asunto en la Junta de Gobierno Local, contra la resolución del Gobierno central.

“Conseguimos que se pudiese aplazar esa deuda con unas condiciones que eran verdaderamente muy beneficiosas teniendo en cuenta lo que había sucedido, a 40 años y un 1 por ciento de interés”, explicó el edil. “Después, logramos también que se pudiera garantizar con lo producido, como consecuencia de las sentencias que se fuesen obteniendo y, posteriormente, conseguimos que se modificase la ley que esos bienes pudiesen venir a Marbella a través de planes de inversión”, agregó.

Sin embargo, el motivo del requerimiento es precisamente la recuperación de parte de esos bienes, en concreto de los 12 millones de euros recuperados el verano pasado procedentes de la venta de bienes del exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca por los casos Saqueo 1 y 2. La Ley de Presupuestos de 2018, en cambio, permitía al Ayuntamiento de Marbella recuperar el dinero y los bienes intervenidos o pagados por los condenados de los casos de corrupción con sentencia firma.

“Nos ha permitido, entre otras cosas, que al Ayuntamiento de Marbella lleguen un número importante de bienes y también de líquido obtenido de sentencias por corrupción que lo que declaran es precisamente el fraude a la ciudad de Marbella”.

“Esa normativa decía exactamente que se podían excluir de la regla los bienes y derechos que mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento se destinasen a la prestación de los servicios públicos municipales”, concluyó.

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