La Junta de Andalucía no permitirá que se ejecute el expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís si constituye una alteración de los límites municipales. Así lo aseguró ayer la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, al responder a una pregunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz en relación con la controversia surgida por dicho expediente, sobre el que pesan las acusaciones de la oposición (PSOE e IU) de supuestos intereses por parte de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), dado que la operación afectaría a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por su marido y su cuñado e, incluso, a su actual residencia.

Aguilera explicó que la normativa autonómica que regula la demarcación municipal de Andalucía establece que las líneas de deslinde ya definidas son "inamovibles" salvo en casos excepcionales, algo que no ocurre en esta ocasión. Para la Junta, "no quedan establecidos con claridad los motivos del cambio de límites del deslinde", que datan de 1873 y que el Instituto Cartográfico de Andalucía ratificó en 2007 "sin que nadie dijera nada", afirmó la consejera. Informó de que se ha solicitado al Consistorio marbellí información complementaria para aclarar el expediente.

El portavoz del equipo de Gobierno de Marbella, Félix Romero (PP), destacó que el PSOE ha cambiado su discurso porque "no sabe salir de la falsa polémica que ha creado". "Resulta muy curioso que ahora ya no hablen de enriquecimiento de la alcaldesa y sus familiares y que hayan modificado radicalmente sus acusaciones porque saben que tendrán que rendir cuenta de sus falsedades ante los tribunales", apuntó. Aseveró que el expediente persigue "fijar claramente las lindes en algunas zonas colindantes" entre dos municipios y "de ningún modo supone alteración o modificación del término municipal".