La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta ha emitido un informe favorable a la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobada por su Comisión Gestora con los únicos votos favorables del gobierno del PP en el que se argumenta que el proceso de modificación remitía a una normativa extinta en 1986 y en ningún caso recogía de forma clara la necesidad de ratificar el cambio a través de los plenos de los 11 ayuntamientos integrantes, como argumentaba la oposición.

Al no recogerse claramente esta premisa y al venir la modificación motivada por la obligada adaptación a la Ley, es al pleno de la Mancomunidad al que le corresponde la aprobación definitiva del cambio de los estatutos, según dio a conocer en rueda de prensa la presidenta del organismo supramunicipal, Margarita del Cid.

El cambio de los estatutos contó con informe en contra del secretario de la Mancomunidad que argumentaba que éste tenía que ser respaldado por cada ayuntamiento en pleno. Sobre esta cuestión, la Junta señala que aunque el informe está argumentado en derecho, al no ser vinculante corresponde a la Comisión Gestora resolver el asunto, tal y como se hizo. Según del Cid, el informe también recoge que en el artículo 74.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía se establece que la aprobación de la modificación corresponde al órgano de representación provincial, previa consulta a la Diputación provincial para que emita informe, punto que también se cumplió.

Esta resolución de la Junta se ha producido a raíz de la petición de amparo por parte del Ayuntamiento de Casares, gobernado por IU, que consideraba que la modificación de los estatutos no se había hecho conforme a la legalidad.

"Lo único que hemos hecho desde un primer momento es actuar conforme a la Ley, tal y como reconoce la propia Junta de Andalucía", según del Cid, que aludió a la última parte del escrito en el que se advierte de que adoptar un criterio distinto de aprobación conllevaría a que pudiera imposibilitarse el cumplimiento de la Ley. "Podríamos haber incurrido en una ilegalidad si hubiésemos actuado de cualquier otra manera, tal y como nos pedía precisamente la oposición", insistió.

La modificación contempla que la población determinará el número de representantes de cada localidad en el citado organismo. Los municipios están ahora representados con un miembro por cada 25.000 habitantes, y aquellos que tengan menos de esta cifra tendrán dos representantes como es el caso de Manilva o Casares. Los municipios con más de 25.000 habitantes como Marbella y Estepona elevarán su representación dependiendo del volumen poblacional.