El Tribunal Supremo ha ratificado en su totalidad las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en el caso Saqueo I por el desvío de 24,3 millones de euros (4.000 millones de pesetas) del Ayuntamiento de Marbella durante los cuatro primeros años de gobierno del Grupo Independiente y Liberal (GIL). Diecinueve años después de que el GIL llegara a Marbella, el Alto Tribunal ha descartado los 17 argumentos expuestos por Juan Antonio Roca en su recurso de casación en una sentencia que, al tiempo, volatiliza cualquier posibilidad de que Roca alcance la libertad provisional a partir de mes de marzo, una vez que cumpla los cuatro años máximos de prisión preventiva por el caso Malaya.

Además de confirmar la condena de Roca, el Supremo también convalida las penas impuestas en enero del año pasado por la Audiencia Nacional a José Luis Sierra, el abogado que creó la estructura legal y societaria con la que operó el GIL, y los ocho años de reclusión de Manuel Jorge Castel, el asesor fiscal que controló la actividad de las sociedades a las que se derivó la actividad municipal y que se nutrieron de fondos del Ayuntamiento en una situación de total "opacidad y falta de transparencia".

Los magistrados del Supremo no atienden ninguno de los argumentos expuestos en los recursos, aunque "lamentan" la técnica que aplicaron los jueces de la Audiencia Nacional al redactar la sentencia porque en los fundamentos jurídicos se hace alusión a las declaraciones de los condenados en un relato "más propio del histórico apuntamiento que de una fundamentación jurídica". "Se extractan las declaraciones de los imputados y se acumulan por aluvión", "sin expresar el proceso intelectual de su valoración". Pese a esta crítica, los magistrados entienden que la sentencia que se dictó en primera instancia "no provoca una carencia argumental" que implique vulneración de derechos.

El Alto Tribunal acepta que José Luis Sierra, Manuel Jorge Castel y Juan Antonio Roca ejecutaron entre 1991 y 1995 "un plan preconcebido" para desviar dinero del Ayuntamiento a sociedades municipales, para lo que fueron "relevantes los conocimientos jurídicos del primero, los conocimientos contables del segundo y la actividad empresarial del tercero".

Incluso recoge cómo Roca llegó a comprar, actuando como representante de su madre, cuatro sociedades inactivas para utilizarlas como "supuestas proveedoras de Contratas 2000", de la que a su vez era administrador José Luis Sierra. El origen del caso Saqueo se remonta a febrero de 2001, cuando el Tribunal de Cuentas elaboró un informe de fiscalización que "describe la alarmante situación contable-financiera" propiciada, entre otros por Juan Antonio Roca, al frente de Planeamiento 2000. Ese informe dio lugar a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha cristalizado ahora en esta condena.

El Tribunal de Cuentas señalaba que de las 31 sociedades municipales existentes únicamente se remitió información sobre 23 y que, en cualquier caso, el Ayuntamiento no exigía a esas empresas que justificaran el fin que daban a los fondos que le transfería, las órdenes de pago no incluía ninguna documentación justificativa sobre el destino que se daba al dinero y que, incluso, era práctica habitual que los pagos se realizaran con talones al portador o en metálico.

Este "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal" y de neutralización de los mecanismos de fiscalización respondía a la estrategia "concertada" de los tres acusados para desviar el dinero público. La sentencia puntualiza que en este contexto Roca "no era uno más. Su papel iba más allá de la condición de gerente desprovisto de poder" y que conocía el plan para "iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los 4.000 millones de pesetas". Su función en esta trama "resultó decisiva".

Además precisa que fue Sierra quien "ideó un sistema de caja única y controló su funcionamiento cotidiano", gracias a su condición de secretario de los consejos de administración de las sociedades municipales. "Él fue, en definitiva, el que expuso los bienes municipales al riesgo de un gasto cuasiclandestino". Aún está pendiente de juicio el caso Saqueo II sobre el desfalco ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella durante todos los gobiernos del GIL.