La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental denunció ayer la deslealtad de la Junta de Andalucía al ejecutar la venta del edificio que acoge Andalucía Lab a una compañía norteamericana (la gestora de fondos W. P. Carey Inc.) sin haber consultado a la institución como propietaria de la parcela en la que se encuentra este equipamiento. La presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, lamentó que pese a que en febrero pasado ya denunciaron este hecho y que desde 2012 llevan reclamando a la Junta un encuentro para abordar el convenio existente entre ambas administraciones, "desde el Gobierno andaluz han decidido seguir adelante sin miramientos".

Del Cid se mostró sorprendida por esta "deslealtad" y consideró que "muchos deben ser los intereses en esta operación cuando los legítimos derechos de otras administraciones se pisotean de esta forma". La presidenta recordó, en un comunicado, que existe un convenio, vigente desde el año 1989, que establece el uso compartido de las instalaciones, por lo que es posible que con esta venta se estuviera pudiendo incurrir en una infracción de prescripciones legales.

Del Cid explicó que tanto ella como los anteriores presidentes de la Mancomunidad han planteado a la Junta la necesidad de llegar a una solución para que el cumplimiento de este acuerdo sea efectivo. "Pero nunca han respondido, por lo que nos sorprende más si cabe que hayan dado el paso definitivo de vender el edificio sin contar con lo que esta institución tenga que decir", siempre según la versión de la presidenta.

En concreto, ha habido, según se explica en el comunicado, hasta ocho requerimientos en los últimos años para que se lleve a la práctica el acuerdo, incluso peticiones de reuniones para poder abordarlo, "pero nunca ha habido respuesta". Del Cid recordó que ya hubo decisiones hace años en las que tampoco se contó con la Mancomunidad, como cuando se echó abajo el edificio antiguo y se construyó el nuevo con una inversión de seis millones de euros. "Entonces, hubiera sido el momento para aclarar esta cuestión, pero parece que no hubo voluntad política", ha lamentado. "El edificio de Andalucía Lab también pertenece a esta Mancomunidad y por ende a todos los ayuntamientos de la comarca y a todos los ciudadanos, motivo por el que la Junta no puede tomar una decisión de forma unilateral", subrayó. Por último, anunció que la institución comunicará a los nuevos propietarios esta circunstancia y no descarta acciones legales para restituir los legítimos derechos de esta administración respecto a la propiedad del suelo y al uso compartido de las instalaciones. Desde la Junta explicaron que el objetivo de la operación era obtener liquidez sin renunciar al uso administrativo de los edificios.