Mijas deberá pagar 600.000 euros por un convenio urbanístico

El concejal de Urbanismo de Mijas, Manuel Navarro, informó que el Ayuntamiento ha sido condenado a devolver más de 600.000 euros a una promotora, más los intereses de demora correspondientes, por un convenio urbanístico que no se llegó a ejecutar. Esa cantidad llegó a las arcas municipales entre 1995 y 2005, aunque al no cumplirse el acuerdo, la promotora exigió la devolución.

El edil explicó que el convenio se firmó en el año 1994 entre el Ayuntamiento y la entidad Nueva Entrerríos para desarrollar un sector que no se llegó a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999. Un año después, la promotora entregó a las arcas municipales unos 150.000 euros, aunque seis años más tarde se alcanzó otro acuerdo en el que se estipulaba que en la zona se iban a construir 770 viviendas y un campo de golf en un sistema general. La entidad entregó otros 150.000 euros por estas iniciativas y a éstas hay que sumar otros 306.000 euros de 2005 como pago de la factura de la redacción del proyecto para el desdoblamiento del Camino de Coín, lo que hoy es conocido como la avenida de Andalucía.

"Tenemos un convenio a través del que hemos conseguido más de 600.000 y una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga que nos obliga a devolverlos porque el acuerdo no se puede efectuar", indicó Navarro. Al parecer, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol impidió el desarrollo del proyecto al calificar los suelos como no urbanizables de especial protección territorial. Por tanto, no se pudo realizar la modificación de elementos acordada para la construcción.

Ahora, está previsto que el Consistorio consigne en los próximos presupuestos municipales la cantidad a devolver, tal y como obliga la resolución judicial. "Los anteriores gobernantes se comprometieron a modificar el Plan General y al desarrollo del planeamiento, circunstancias que no se cumplieron y que tenemos que pagar", criticó Navarro.

En abril, el Ayuntamiento ya fue condenado a abonar unos 3 millones a dos empresas por incumplimientos urbanísticos.