El modo en que los bienes incautados en la operación Malaya deberían revertir en el Ayuntamiento de Marbella ha abierto una nueva brecha entre el PP y el PSOE. Ambas formaciones políticas dieron cuenta ayer de las mociones que con este objetivo presentarán hoy en el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga. A pesar de que defienden lo mismo, socialistas y populares se acusaron mutuamente de obstaculizar la entrega de lo decomisado en este caso, que propició la disolución del Consistorio.

El primero en informar sobre la propuesta de su grupo fue el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, que planteará al organismo supramunicipal que solicite "las reformas legales necesarias" para que se produzca "la urgente integración al Ayuntamiento de los bienes embargados y decomisados". Consciente de que serán los jueces los que tendrán que dirimir el asunto, Salado señaló que las administraciones públicas deben mostrar su apoyo a que se cambie la legislación a favor de Marbella, porque "sus arcas han sufrido un atraco a mano armada y no puede ser tratada igual que otros municipios". A ese respecto, el diputado popular Manuel Cardeña recordó que el PSOE no apoyó en el Parlamento andaluz la proposición no de ley que su partido presentó solicitando que se modificase la legislación vigente para que todo lo incautado fuese devuelto de inmediato.

No obstante, para la diputada provincial y edil del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Susana Radío, el planteamiento de modificar el Código Penal para facilitar la devolución de los bienes decomisados en Malaya resulta "contrario" a la Constitución española. Añadió que en caso de que se produjese el cambio en la legislación, eso no afectaría al proceso judicial que continúa investigándose en el Juzgado de Instrucción número 5, ya que no podría aplicarse con carácter retroactivo.

En su lugar, los socialistas presentarán hoy una moción en la Diputación instando al Ministerio Fiscal, a la Junta de Andalucía y al Consistorio marbellí a que exijan responsabilidades civiles, además de las penales, a todo el que hubiera participado en delitos vinculados con la trama.

El PSOE apuesta por la vía civil porque es la que establece la obligación de reparar el daño causado y propone que el Estado disponga el destino de los bienes decomisados de manera que reviertan en el municipio. Solicitarán las mismas medidas en los casos Saqueo y Monteverde.