La portavoz del PP de Marbella, Ángeles Muñoz, pidió ayer a la Junta de Andalucía una "cobertura y un marco legal autonómicos" que garantice a los compradores de viviendas del municipio que sus viviendas no serán demolidas y un "compromiso expreso" para que no pida al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) que ejecute las sentencias de derribo.

Muñoz, que compareció junto al coordinador de Urbanismo del PP, Cristóbal Garre, lanzó esta petición después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el PGOU de 2010, que recogía un sistema de compensaciones para legalizar las propiedades que se edificaron de forma irregular durante los gobiernos del GIL. "Hay que mandar un mensaje claro y expreso a las más de 16.500 familias cuyas viviendas quedan en situación de irregularidad. Hay que darles una cobertura jurídica que permita que no se ejecuten las sentencias previstas sobre la demolición de las viviendas", señaló.

Muñoz recordó que el Gobierno regional instó al TSJA a que se ejecutarán las sentencias de demolición. Así, pidió a la Corporación municipal y a los grupos políticos con representación en el Parlamento que trasladen un "respaldo claro" para que esos propietarios sepan que sus propiedades están garantizadas.